INVESTIGAN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA ALIMENTARIO.

Intentan determinar si se cometieron los delitos de defraudación en perjuicio de la administración pública, malversación de caudales públicos o negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.

La causa versa sobre el canje en bonos del efectivo que llegaba desde la Nación, la confusión de los fondos federales en la cuenta única de la provincia y el contrato firmado con una empresa que distribuía los vales alimentarios con los que se abonaba a los beneficiarios del PEA.

Una de las primeras observaciones que efectuó el equipo de auditores de la Nación fue que, al momento en que realizaron la verificación, sólo se habían ejecutado el 74,2% de los fondos transferidos (más de 2,7 millones de pesos). Este dato, según los expertos de la Sigen, evidencia “un significativo atraso en la implementación y ejecución (del PEA), con una metodología que no asegura que la asistencia llegue en forma efectiva y equitativa a toda la comunidad en situación de vulnerabilidad social”.

La Sigen también objetó que la provincia no se haya reservado del derecho de controlar la cantidad real de vales mensuales que eran pagados por la empresa.