INVESTIGAN LA VENTA DE DONACIONES PARA LOS INUNDADOS EN SANTA FE

La Justicia investiga un nuevo escándalo en torno a las mercaderías donadas desde distintas partes del país con destino a los damnificados por las inundaciones. En esta oportunidad se detectó un galpón del distrito costero de Arroyo Leyes con ropa usada, calzado y colchones provenientes de los depósitos del puerto capitalino, que era vendida a los pescadores y vecinos de la zona.

Una denuncia en tal sentido involucraría a un voluntario que trabaja en la estación portuaria santafesina, quien con el auto de su propiedad traslada gente y mercadería a la zona costera y, aparentemente, una gran parte de esos elementos iba a parar al galpón que ahora se encuentra bajo la lupa del juez de instrucción Carlos Ferrero.

La presentación judicial fue realizada por la titular de Promoción Comunitaria, Celia Arena, luego de una información suministrada por la emisora LT9, y se ha convertido en otro escándalo que ha indignado a la opinión pública, conmovida por una nueva acción delictiva de quienes siguen lucrando con el dolor de aquellos que perdieron todo y los que han efectuado sus donaciones a través del enorme mecanismo de la solidaridad en el país.

La situación denunciada de manera incuestionable complica e involucra a los responsables de los distintos cargamentos que se encuentran alojados en los galpones de la jurisdicción portuaria de Santa Fe.

El galpón de referencia se encuentra ubicado al costado de la ruta provincial 1 y muy cerca del segundo puente Bailey, y de acuerdo a los testimonios aportados por los lugareños ese depósito estaría siendo utilizado desde los primeros días en que se produjo el desborde del río Salado, guardando ropas, calzados, colchones, cobijas y zapatillas, entre otros artículos de primera necesidad.

Todos los consultados coincidieron en afirmar que a ese lugar fue traída desde hace mucho tiempo la mercadería donada para la gente inundada, y los vecinos de la zona no vacilaron en señalar que desde el comienzo de la inundación se inició la venta de ropa usada a precios irrisorios. Así, por ejemplo, un colchón se podía adquirir por apenas 15 pesos, un buzo entre 7 y 10 pesos y un par de zapatillas, entre 8 y 15 pesos.

Los testigos tampoco vacilaron en señalar a Héctor Gómez -un voluntario que trabaja en el galpón Nº2 del puerto- como a uno de los responsables de la maniobra, que trasladó desde hace meses ropa al galpón de Arroyos Leyes y se comenzó a vender todos los días viernes. Gómez es un hombre del barrio de San Agustín, en el extremo noroeste de la ciudad, donde tiene un importante almacén junto a su esposa desde hace varios años, por lo que algunos no descartan que alguna parte de la mercadería se haya derivado a ese sitio.

En distintos medios cercanos a la investigación no descartan que otras personas se encuentren involucradas en el hecho, ya que se torna bastante difícil suponer que a esta sustracción la haya realizado un solo sujeto.

Los galpones del puerto se encuentran bajo la jurisdicción y responsabilidad de la Subsecretaría de Emergencia y de la Secretaría de Estado de Promoción Comunitaria, y hace algún tiempo una denuncia similar concluyó con la permanencia en el cargo de la entonces titular de la última repartición, Adriana Gavutto, y un procesamiento de varios empleados de la dependencia implicados en el caso.