IPEC: CUANDO EL TRABAJO EN NEGRO PASA A SER LA NORMA

Un estudio realizado por el departamento de Estadísticas de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) reveló que del total de agentes públicos que trabajan en el edificio del Ministerio de Agricultura Ganadería, Industria y Comercio (Magic) –en Sarmiento y Mendoza, donde funcionan varias dependencias de la provincia– el 42 por ciento cobra en negro. Y el mejor ejemplo de este despropósito se da en una de sus dependencias, el Instituto Provincial de Estadística y Censos (Ipec), donde sólo el personal jerárquico está en la planta permanente del Estado y una treintena de empleados trabaja en condición de contratados con sueldos que oscilan entre los 500 y 600 pesos mensuales. De ese personal, a lo que se suma una cantidad similar que se desempeña en Santa Fe, la mayoría lleva ya tres años como contratados, aunque en algunos casos la antigüedad se remonta a 16 años atrás. Además trabajan en la calle, realizando encuestas y muestreos, sin obra social, sin aportes, sin vacaciones, sin percibir aumentos de ningún tipo, sin aguinaldos, sin licencias por maternidad o lactancia, sin seguros por accidentes y percibiendo un sueldo que no llega al nivel de la línea de pobreza reconocido por las propias estadísticas oficiales que ayudan a confeccionar. Por su condición de contratados facturan sus servicios al Ipec, lo que les obliga a estar inscriptos en la Afip como monotributistas y pagar todos los meses alrededor de 100 pesos de sus magros salarios para no caer en infracción.
No reciben ni siquiera los aumentos no remunerativos. No pueden hacer paros ni realizar medidas de fuerza, porque la respuesta inmediata sería la no renovación del contrato. Las gestiones que han llevado adelante en la Subsecretaría de Planeamiento, Coordinación y Control de Gestión, a cargo de Bruno Budini, de quien dependen, nunca dieron resultado. Para el gobierno provincial son, sin duda, ciudadanos de segunda.

Ante este cuadro, se impone la pregunta: ¿Puede un gobierno surgido del mandato popular, en democracia y en pleno uso de sus atribuciones constitucionales, predicar una manera de hacer las cosas y hacerlas exactamente al revés, y lo que es peor, conscientemente?

Aparentemente sí. El gobierno de la provincia de Santa Fe satura las pautas publicitarias de diarios, radios, revistas y canales de televisión recomendando a los empresarios privados contratar a su personal en blanco, pagar sus aportes previsionales y de obras sociales en término y respetar todos los derechos laborales de sus trabajadores. Sin embargo, hace todo lo contrario.

En 2005, la cuarta parte de la masa salarial de los empleados públicos de la provincia, maestros, médicos y enfermeras, policías, judiciales y otros agentes de la administración pública se pagará sin estar sujeta a aportes ni contribuciones de ningún tipo, lisa y llanamente en negro.

En buen romance, unos 466,2 millones de pesos del presupuesto provincial se usarán este año para pagar sueldos en negro, aclarando que esta cifra no contempla el aumento de 100 pesos no remunerativos ni bonificables que el gobierno decretó para todo el personal a fines de febrero.

Estos datos surgen de un informe elaborado por el profesor de Economía Política de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario Sergio Arelovich, sobre la base de un análisis del presupuesto de recursos y gastos que el Ejecutivo envió a la Legislatura santafesina. Las cifras asustan, pero lo más importante es que, con el paso del tiempo y aumento tras aumento, cada vez es mayor la cantidad que se paga en negro en relación con el total de la masa salarial. La ley 12397, promulgada por la administración de Jorge Obeid el 24 de diciembre último, quizás como regalo de Navidad, dispone la ampliación del presupuesto para hacer frente al pase a planta permanente de todos los contratados por la provincia con más de dos años de antigüedad. Hasta ahora, no hay novedad.