IRA DE UNA JUEZA CONTRA POLICÍAS POR EL ATAQUE A UNA AGENTE JUDICIAL

La actuación de los efectivos de una comisaría durante el frustrado desalojo de una vivienda impulsó a una jueza civil rosarina a tomar una determinación tajante: de ahora en más no aceptará la intervención de las seccionales en este tipo de medidas y delegará las funciones de desalojo en otras reparticiones policiales. La magistrada reaccionó así ante lo ocurrido el martes cuando una oficial de Justicia fue a deshabitar una casa y terminó golpeada por otra mujer, pese a la presencia de los policías en el lugar. Según la empleada judicial, los agentes no intervinieron para socorrerla ni para detener a la agresora.

La determinación de la jueza Marta Gurdulich, titular del juzgado Civil y Comercial Nº 4, obedece a los disturbios que ocurrieron el martes al mediodía cuando debía desalojarse una casa de La Broca 2896. El caso fue conocido porque el hombre que debía abandonar la vivienda junto a su familia amenazó con prenderse fuego, ante las cámaras de televisión presentes, en un intento por postergar la orden. Pero no fueron esos incidentes los que provocaron una reacción institucional en los Tribunales, sino la desprotección que denunció haber sufrido allí mismo la oficial de Justicia, ante la mirada de policías de la seccional 18ª.

En la casa que estuvo a punto de ser desalojada viven Daniel Julve, un desocupado de 46 años que cobra un plan de empleo, su mujer Mónica Gázquez, de 45, y dos hijas de la pareja de 18 y 8 años. Ante la inminente mudanza, Julve intentó postergar el traslado hasta tanto encontrara otro lugar donde radicarse. Se contactó con una organización en defensa de la vivienda única, convocó a medios de comunicación y amenazó con prenderse fuego.

El hombre, según consignó ayer el diario El Ciudadano, llegó a rociarse con nafta y amenazó con quemarse vivo. Ante los periodistas expuso el drama de no tener otro lugar donde vivir y reclamó al Estado un empleo para costear un alquiler.

Pero otro incidente que ocurrió allí mismo tuvo un efecto imprevisto. A las 12.30 arribó a la casa la oficial de Justicia Rosa Eugenia Arijón, quien tenía el mandato de concretar un desalojo previsto desde hace dos años. Al llegar, a la mujer le llamó la atención que hubiera policías dentro de la casa a pesar de que aún no se había presentado una autoridad judicial.

Según dejó asentado en un acta, había cerca de 10 policías y dentro de la casa estaba “el subcomisario de la seccional 18ª dialogando con los demandados”. La empleada denunció que luego salieron el jefe policial, Mónica Gázquez y otra mujer que, de un manotazo, la arrojó el suelo. Arijón golpeó su cabeza contra el pavimento.

Ante tal situación, la oficial de Justicia no observó que la policía haya detenido a la atacante y tampoco recibió ayuda, por lo que se fue del lugar caminando hasta conseguir un taxi sin ser socorrida. Esto es lo que denunció ayer en la fiscalía en turno, donde abrieron una causa por “lesiones” en un juzgado Correccional y ordenaron que la examinara el médico forense. En esa presentación hizo constar que en la agresión perdió sus lentes recetados. Y que al llamar a la comisaría para que se los buscaran en el lugar le contestaron que lo hiciera personalmente.

La situación provocó un “profundo enojo” en el juzgado de Gurdulich, quien hizo público su malestar a través de la oficina de Prensa de Tribunales. La magistrada sostuvo que recurrirá a fuerzas especializadas en las próximas intervenciones judiciales “porque las comisarías no le dan ninguna garantía”.

La orden de deshabitar la casa del pasaje La Brocca había sido dispuesta por la jueza Gurdulich en abril de 2002 debido a que sus actuales moradores no habían terminado de pagarla. El matrimonio la había adquirido mediante un contrato de compra-venta firmado con otros particulares en el año 1998. Entonces abonaron una parte en efectivo y se comprometieron a pagar el resto en 120 cuotas en dólares de las que sólo pagaron 10. La decisión de desalojar la propiedad fue confirmada por la Sala III de la Cámara Civil en diciembre de 2004. Desde entonces los demandados habían sido notificados tres veces de que el desalojo era inminente, aunque tras los incidentes del martes la magistrada lo suspendió sin definir una nueva fecha.