JUBILACIONES TRUCHAS: PROCESAN EN LA RIOJA A CASI 130 PRESUNTOS BENEFICIARIOS.

Cuatro ex funcionarios y más de 120 beneficiarios de jubilaciones truchas otorgadas en La Rioja, entre ellos una ex diputada, fueron procesados, aunque sin prisión preventiva, en el marco de la causa en la que se investiga el presunto otorgamiento irregular de esos beneficios.

Así lo indicaron fuentes allegadas a la causa, quienes precisaron que la medida, contenida en una resolución de más de 260 carillas, fue tomada por el juez federal Jorge Urso en las actuaciones que analizan el presunto otorgamiento irregular de esos beneficios a ex empleados del Banco de La Rioja, merced a documentación apócrifa.

Los cuatro funcionarios alcanzados por la medida -que incluyó un embargo de 100 mil pesos en los bienes de cada uno- fueron José Antonio Rico y Ema Beatriz Cáceres, interventor y subinterventora respectivamente del Instituto Previsional riojano; y Eduardo Wilson Cortez y Jorge Eugenio Martínez, del organismo interjurisdiccional responsable de los beneficios.

En tanto, la ex diputada implicada en estos hechos, a quien también le fue dictado el procesamiento sin prisión preventiva, es Marta Liliana Rivadera, quien obtuvo ese beneficio en noviembre de 1999 “cuando contaba con 43 años de edad” y por un haber mensual de 2.918,27 pesos.

Entre los supuestos jubilados ilegales figuraban Miguel Italo Buongiorno, masajista del ex presidente Carlos Menem y jubilado a los 59 años con un haber de 2.139,54 pesos, y Edgardo Romero Chacón, ex profesor de tenis de Zulemita, la hija del ex mandatario, según reveló la agencia de noticias DyN.

En la extensa resolución, el magistrado comenzó explicando que “si bien los sucesos presuntamente ilícitos que resultan ser objeto del sumario a primera vista se presentan como sencillos”, el trámite del expediente no fue fácil.

En ese sentido, recordó la “reiteración de hechos, en tanto y en cuanto se encuentran implicados en la maniobra alrededor de ciento cincuenta personas” y la “posibilidad de que se trate de un plan criminal pergeñado por sujetos que no integran el análisis del presente”.

Tras analizar minuciosamente todos los casos denunciados, el magistrado -con la intervención del fiscal Guillermo Marijuan y la secretaria Adriana Scoccia- finalmente dictó 125 procesamientos por defraudación a la administración pública, varias “falta de mérito” y un sobreseimiento por fallecimiento.

La causa (que lleva el número 2431/01 y está caratulada como “Montoya, Rubén Florencio y otros”) se inició el 26 de febrero de 2001, a raíz de una denuncia formulada por Miguel Arturo Priolo, en representación de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

Priolo afirmó que en La Rioja se otorgaron “en forma irregular gran cantidad de beneficios jubilatorios al amparo de las leyes provinciales 5546 y 5957, en desmedro de las arcas del Estado, fraguando documentación que indicaba que los beneficiarios habían prestado servicios en el Banco de la mencionada provincia al día 30 de mayo de 1994”.