JUDICIALES QUIEREN SU INCREMENTO

La mejora ofrecida al sector nacional implica un incremento del 19 por ciento -aunque habían solicitado un 25 %-, que cobrarán escalonadamente los empleados de todas las categorías del Poder Judicial. Según el acuerdo, el 10 por ciento será percibido por los trabajadores desde el 1° de junio, en tanto que el 9 por ciento restante lo percibirán en agosto. A cambio del incremento, los agentes se comprometieron a no efectuar reclamos hasta el 31 de diciembre próximo.

La mejora que los judiciales provinciales reclaman es por efectos de la aplicación de la denominada Ley de Enganche, según la cual, todo aumento que obtengan tanto magistrados como empleados del Poder Judicial nacional, también deben cobrarlo los trabajadores del sector de la provincia de Santa Fe.

“Es automático. Obviamente, el gobernador tiene que disponer de la ejecución del aumento, pero eso es un hecho formal, y se da después de que la Corte haga un pedido al Poder Ejecutivo, pero que también es un trámite administrativo”, dijo Cisneros.

El dirigente confirmó que este aumento es para el sector activo, pero advirtió que tarde o temprano se tendrá que trasladar también a los jubilados.

A su vez, defendió los alcances de la ley de enganche, que rige desde hace muchos años en la provincia -había sido suspendida en 1976 y puesta en vigencia nuevamente a fines de 1982. “Nuestra ley -sentenció- debe ser una de las más justas del país, por la amplitud distributiva que garantiza”.

En lo que respecta a la predisposición del Poder Ejecutivo que, como ya se dijo, es quien debe hacer operativo el pago del aumento, las fuentes consultadas por El Litoral aclararon que la Ley de Enganche, en realidad obliga al gobierno a pagar los aumentos, siempre que la provincia tenga crédito presupuestario. De todas maneras, consideraron que esta vez no se trata de aumentos “descabellados” o desmedidos. “Prácticamente coinciden con los porcentajes que se estuvieron otorgando como mejoras dentro de la política de recomposición que estuvo concediendo el gobierno a los demás sectores que dependen del Estado”, se apuntó.

Cabe recordar que la última vez que el sector recibió una mejora en mayo del año pasado, también como consecuencia de la Ley de Enganche, la Caja de Jubilaciones se vio obligada a modificar -y elevar- el tope del haber jubilatorio. A partir de entonces, el máximo de la jubilación en el Poder Judicial fue establecido en 11.291 pesos.