JUEZ CITÓ A COMISARIO A DAR CUENTA DE INCUMPLIMIENTO

Siete altos oficiales de Policía, responsables de la Alcaidía Mayor de la Unidad Regional II, deberán comparecer la semana próxima en Tribunales y explicarle al juez de instrucción Carlos Triglia porqué incumplieron sucesivas órdenes judiciales que imponen un tope a la cantidad de presos que ese edificio puede alojar.

El magistrado citó a estos policías como una de las medidas pertinentes para resolver el inédito recurso de hábeas corpus interpuesto en su juzgado a favor de todos los presidiarios de todas las comisarías y subcomisarías del departamento Rosario.

Con este asunto, la resolución de Triglia podría poner en aprietos al gobierno santafesino. Mientras tanto, ya empezó con algunos policías. No se descarta que luego cite a declarar a otros comisarios de alto rango. Por ahora, no lo hace.

De los siete comisarios convocados, dos han sido pasados a retiro.
El juez envió un oficio al jefe de la Unidad Regional II, José Manuel Maldonado, para que informe semanalmente sobre el estado de salud de los internos. En tanto, la fiscal Graciela Argüelles se reunió con el procurador Jorge Bof, con quien evaluó la desobediencia a las órdenes judiciales por parte de las personas encargadas de alojar a las personas detenidas.

En los últimos años, casi todas las dependencias de la UR II tienen órdenes de distintos jueces de no albergar más detenidos de lo que su capacidad técnica acepta. Sin embargo, ese número siempre se duplica o triplica en la realidad de casi todos los penales.

Triglia también envió un oficio al juez de instrucción en turno de Santa Fe, para conocer con cuantas plazas cuentan en esa ciudad para alojar presos y qué cantidad de detenidos posee la UR I en la actualidad.
El juez rosarino quiere conocer la disponibilidad que hay en toda la provincia para alojar detenidos y evaluar si con la reubicación de los reclusos puede tener mayor operatividad y, al menos, lograr disminuir el hacinamiento en los penales rosarinos. Trascendió que, con ese propósito, ya había solicitado información al Ministerio de Gobierno sobre la situación de la provincia de Santa Fe en materia de plazas para alojar presos.

El caso que investiga Triglia es inédito. Surgió a partir de un hábeas corpus presentado por la Coordinadora de Trabajo Carcelario que, al ver que las condiciones de detención de los presos en comisarías se deteriora día a día, efectuaron un presentación a favor de todos los detenidos para que la Justicia apure al Ejecutivo a dar una solución al problema.

El magistrado a cargo de dirimir el problema acumuló en los dos cuerpos y los doce anexos que ya tiene el expediente algunas de las pruebas necesarias para encontrar una solución a la irrefrenable crisis que desde hace años afecta a los presos en la provincia de Santa Fe.