JUEZ DE RAFAELA ORDENÓ PAGAR AUMENTOS A DOCENTES PRIVADOS

El juzgado de primera instancia de distrito en lo Civil, Comercial y Laboral de la 4ta. nominación de Rafaela, a cargo del Dr. Juan Carlos Ramonda, dictó una medida cautelar favorable a cinco docentes privados de la localidad de Humberto Primo.

El grupo de educadores había iniciado acciones legales dado que la patronal de la institución no hacía efectivos los aumentos salariales dispuestos para todos los empleados privados por sucesivos decretos presidenciales desde el año 2002.

En concreto, la medida obliga a esta institución “al pago mensual de las asignaciones fijadas por los decretos 392/03, 1.347/03 y 2.005/04 a los docentes actores, junto al pago de las remuneraciones que correspondan percibir”.

“Esos docentes beneficiados deberán recibir 374 pesos más a partir de que se constituya la fianza”, calculó el asesor legal del Sadop Santa Fe, Domingo Rondina. La deuda retroactiva, en tanto, suma 9 mil pesos por cada demandante y su efectivización quedará pendiente.

El juez introdujo la innovación de haber ordenado el pago del aumento, aún antes de que se notifique la demanda a la patronal y comience así el juicio propiamente dicho. La medida podrá ser apelada por la parte demandada pero con efecto devolutivo. De este modo, deberá iniciar su cumplimiento en cuanto sea notificada, lo que se estima ocurrirá en el transcurso de la próxima semana.

Se trata de la primera medida cautelar en la provincia que favorece la posición de que a los docentes que se desempeñan en los colegios particulares les corresponde cobrar los aumentos dispuestos por el Poder Ejecutivo nacional para todos los empleados del sector privado.

De largo aliento
Los decretos habían levantado polvareda el año pasado, cuando el Sadop inició reclamos a nivel nacional, y que se sintieron con fuerza en Santa Fe.

La discusión giraba en torno a diferencias conceptuales. El Consejo Superior de Educación Católica (Consudec) argumentaba que la educación es “un bien público” no equiparable a una empresa comercial, aun cuando sea de gestión privada. Por lo que consideraba que los decretos no debían aplicarse en el ámbito educativo.

Las instancias de negociación abiertas a nivel nacional en el marco del Consejo Gremial de la Enseñanza Privada (integrado por el Ministerio de Educación, la Iglesia y el Sadop) habían culminado con una de cal y una de arena para los educadores privados.

Lo positivo fue la universalización del Incentivo docente -Fonid- a todos los docentes particulares, la mayoría de los cuales no lo percibían. También se logró la consolidación del concepto de que el salario del docente estatal es el mínimo o el piso del salario del docente privado.

Pero, por contrapartida, la Resolución 921/04 del Ministerio de Trabajo de la Nación declaró “abstracta” la tramitación de recursos que las entidades patronales interpusieran contra la Resolución 175/02 de la Secretaría de Trabajo de la Nación. Esa cartera había convalidado el decreto presidencial 1.273/02, que otorgó los primeros 100 pesos de aumento salarial de emergencia para el sector privado. Por ende, el tema del aumento quedó otra vez en foja cero, aunque empezaron a surgir los reclamos legales.

Ahora, “esta medida sienta jurisprudencia para todos los docentes particulares que ya iniciaron o pretenden comenzar acciones judiciales y que se encuentren en localidades comprendidas en nuestra jurisdicción”, señaló la Dra. María José Alvarez, abogada del Sadop de la ciudad de Rafaela.

“En la ciudad de Santa Fe hay más de 200 juicios iniciados contra las distintas escuelas privadas”, añadió Rondina.

En la provincia
Esta situación tuvo su repercusión en la provincia. El Sindicato Argentino de Docentes Particulares (Sadop) buscó la intervención de la Secretaría de Trabajo, que el año pasado convocó a una serie de reuniones conciliatorias con las patronales más importantes de la educación privada. Nunca se llegó, sin embargo, a una solución.

El Sadop había realizado más de una manifestación a fin de reclamar esas sumas. Hasta llegó a repartir una torta en la peatonal santafesina para conmemorar los dos años del incumplimiento del primer decreto.

El sindicato se apoyaba en una resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que convalidó el pedido de los docentes privados de todo el país y dejó sentado que les corresponde cobrar los incrementos de sueldos que el gobierno nacional estableció por decretos a partir de julio de 2002 para todos los trabajadores privados del país.

Por la ley.

En el marco del I Congreso Internacional de Educación realizado en la Ciudad Universitaria de Córdoba, entre los días 29 de setiembre y 1° de octubre, los docentes privados nucleados en Sadop resolvieron promover una movilización nacional con el objetivo de lograr la inmediata sanción de la ley de Financiamiento Educativo que se discute en el Congreso Nacional.