JUZGARÁN A 10 POLICÍAS DE LA BONAERENSE POR OCULTAR DENUNCIAS PARA DISMINUIR LOS ÍNDICES DE DELITOS

Diez policías de La Plata, entre ellos un ex jefe de la Departamental de esa capital y varios ex titulares de comisarías, serán juzgados por ocultar denuncias de ilícitos para disminuir los índices delictivos.

El juez de Garantías de La Plata Néstor de Aspro, elevó a juicio oral la causa penal por la que se investiga desde 1999 a 10 jefes de la Bonaerense, acusados de ocultar denuncias y falsear estadísticas de delitos. Los datos, luego, eran enviados periódicamente a la Departamental y al Ministerio de Seguridad provincial.

Entre los imputados figura el ex jefe de la Departamental platense, José Francisco Viski; el ex subjefe, Héctor Pavía y el ex jefe de operaciones Sergio Orlando Villarruel. También fueron acusados el ex titular de la comisaría tercera de Los Hornos, Luis Alberto Maidana y el ex jefe de la seccional octava de la La Plata, Víctor Pomponio, entre otros oficiales. Todos ellos se encuentran en libertad, ya que la Justicia de Garantías les otorgó la eximición de prisión.

Según la investigación que llevó adelante el fiscal de la causa, Carlos Argüero, los policías habrían integrado una organización para “perpetrar distintos ilícitos en forma indeterminada con el firme propósito de disminuir las cifras reales de delitos a cualquier costo” durante 1998 y 1999.

El trabajo de Argüero determinó que “se falseaban las cifras en los informes de estadísticas oficiales semanal, quincenal y mensual de delitos cometidos en la Departamental de La Plata, que luego se elevaban periódicamente al Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia”. Y agregó que “no se daba curso a las denuncias presentadas, ocultando y sustrayendo de la autoridad actuaciones sumariales, informes médicos y actas testimoniales, incumpliendo de ese modo con las leyes, reglamentos y deberes que les incumben en razón de sus cargos”.

El fiscal fue muy duro al considerar que “como consecuencia de ese obrar ilícito, se afectaban seriamente las políticas de prevención, criminalidad y seguridad de Estado y se ponía gravemente en riesgo la vida y los bienes de los ciudadanos de esta región y el servicio de administración de justicia”, expresó el fiscal en su pedido.

Las investigaciones sobre la existencia de presuntas denuncias “cajoneadas” se iniciaron a partir de una denuncia anónima presentada ante la Justicia penal. En abril de 1998, el fiscal había realizado distintos allanamientos en la Jefatura departamental de La Plata y varias comisarías de la ciudad buscando pruebas. Y luego, las declaraciones de varias personas que habían realizado denuncias confirmaron que las mismas no habían sido investigadas.