KIRCHNER ANALIZA DEROGAR EL DECRETO QUE IMPIDE EXTRADITAR A EX REPRESORES

La futura funcionaria en el área de Derechos Humanos de la Cancillería, Alicia Oliveira, confirmó hoy que el Gobierno estudia la posibilidad de derogar el decreto firmado por el ex presidente Fernando de la Rúa que rechaza automáticamente la extradición de ex represores argentinos reclamados por la justicia extranjera.

“De eso se está hablando, si no es una impunidad absoluta”, afirmó Oliveira al ratificar que el gobierno de Néstor Kirchner analiza derogar la norma que rechaza cualquier pedido de extradición de militares acusados de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de los años ´70.

La futura funcionaria de la Cancillería sostuvo: “Tenemos que cumplir con nuestras obligaciones internacionales en materia de juzgamiento en relación a los derechos humanos. Así que mientras nosotros no podamos juzgar en nuestro país porque existen las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, tenemos esta obligación de extraditarlos”.

“Se está hablando de esto, se está buscando la manera de cumplir con las obligaciones que el Estado tiene con el conjunto del planeta”, señaló en diálogo con radio Continental.

De esta manera, aludió a las obligaciones asumidas por la Argentina que adhirió a tratados internacionales en donde acepta que delitos como la desaparición de personas, considerados de lesa humanidad, puedan ser juzgados fuera del país.

Decisiones de la Justicia

En sus declaraciones de esta mañana, Oliveira recordó que las “extradiciones no pueden ser tomadas por el Poder Ejecutivo”, sino que es una decisión que le compete a la Justicia.

“Cuando se establece a una persona la extradición se la debe dar a un juez, de ahí pasa a un juicio especial, con muchas garantías, con procedimientos que le aseguran al señor que pueda defenderse”, señaló.

Oliveira explicó que “dentro de los 10 días” si la “justicia dice ´sí´” puede producirse la extradición, pero “si la justicia dice ´no´, la Cancillería no puede hacer absolutamente nada”.

Presentación

Precisamente ayer, los diputados socialistas Jorge Rivas y Oscar González presentaron al Gobierno un proyecto para derogar el decreto en cuestión, que lleva el número 1581 y es del año 2001.

La resolución, suscripta durante el gobierno de la Alianza, determina que el Ministerio de Relaciones Exteriores “rechazará los pedidos de extradición ocurridos en el territorio nacional o lugares sometidos a la jurisdicción nacional”. El principio invocado fue el de territorialidad.

Según explicó el diputado Rivas, la presentación hecha con su colega fue en respuesta a declaraciones del propio canciller Rafael Bielsa, quien advirtió que la vigencia del referido decreto era un “obstáculo” que impedía dar curso a las solicitudes de los países en los que se iniciaron causas contra represores argentinos.