KIRCHNER CARGÓ MUY DURO CONTRA LAS LEYES DEL PERDÓN

Toda mi vida afirmé que eran inconstitucionales. Son normas que fueron obtenidas bajo la extorsión de un golpe de Estado”. Sin vueltas, Néstor Kirchner se pronunció ayer en contra de los indultos y las leyes de Obediencia Debida y Punto Final que beneficiaron a los militares acusados de haber cometido delitos durante la última dictadura.

El Presidente afirmó que esas leyes podrían ser anuladas por el Congreso —aunque admitió que en ese caso podría haber cuestionamientos jurídicos— o por la Corte Suprema.

En medio del duro cuestionamiento a las leyes del perdón, Kirchner opinó sobre los pedidos de extradición de ex represores enviados por el juez Baltasar Garzón, de España, a los que se sumarían reclamos similares de magistrados de otros países.

“Habría que juzgarlos en nuestro país”, fue la respuesta del Presidente. Para que sean juzgados en la Argentina, y a pesar de que cada caso es distinto, sería necesario declarar primero la inconstitucionalidad de las leyes sancionadas durante el gobierno de Raúl Alfonsín.

Con sus declaraciones, Kirchner volvió a poner en el centro de la discusión el tema de las extradiciones, que el Gobierno buscó hacer a un lado con la visita que el Presidente hizo el martes a un centro asistencial del Gran Buenos Aires.

Lo que llamó la atención fue que Kirchner retomó el tema luego de encabezar junto al gobernador bonaerense Felipe Solá un acto de entrega de fondos para un plan de asistencia alimentaria. Allí cuestionó también a los sectores empresarios que lo critican por la falta de un plan económico.

La posible anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final es un tema que ya venían madurando en la Casa Rosada. Pero el pedido de detención con fines de extradición de 46 represores que hizo llegar desde España Garzón y la decisión del juez federal Rodolfo Canicoba Corral de avanzar inmediatamente con las detenciones obligó al oficialismo a apurar los tiempos.

En ese contexto, Kirchner derogó el viernes pasado el decreto que había firmado Fernando de la Rúa y que rechazaba automáticamente las extradiciones. De ahora en más, los jueces argentinos deberán analizar caso por caso para decidir si conceden o no la extradición. Por la complejidad del tema, muchas de estas causas podrían terminar en la Corte. De todos modos, la última palabra siempre la tendrá el Gobierno.

“Ustedes saben que mi postura histórica en este tema siempre fue justicia y memoria. Si el Congreso sanciona la nulidad de la leyes me parece bien, pero espero que no tenga cuestionamientos de tipo jurídico. En cuanto al fallo de la Corte, no quiero aparecer induciendo qué es lo que tiene que hacer”, les dijo ayer Kirchner a los periodistas.

Enseguida agregó: “Hay que terminar con la hipocresía de la soberanía que aconseja juzgarlos en la Argentina. Yo creo que habría que juzgarlos en nuestro país, pero si todavía no se puede hacer eso es porque se han generado normas para mantener impunidad”.

El mensaje presidencial fue interpretado de inmediato por un grupo de diputados justicialistas, que comenzó a estudiar los antecedentes del caso. Desde el Gobierno ya habían dejado trascender su intención de que el PJ debata el tema en Diputados, con la posibilidad incluso de llevarlo al recinto en la sesión especial pedida para el 12 de agosto.

Al mismo tiempo, la Corte Suprema todavía tiene pendiente un pronunciamiento sobre varios casos en los que los jueces de primera instancia consideraron inconstitucionales las dos leyes.

De todos modos, como ya anticipó el juez Canicoba Corral, el proceso judicial que analizará los pedidos de extradición de 45 militares y un civil será “un trabajo de varios meses, como mínimo”.

De la lista que envió el juez Garzón, todavía falta detener a tres militares: el coronel Antonio Arrechea Andrade —su hijo se comunicó con el juez y dijo que su padre pensaba entregarse pero hasta anoche en Tribunales no habían tenido novedades—, el capitán Jorge Vildoza y el ex teniente Arturo González Naya, aunque estos dos están prófugos desde hace varios años en otras causas.