KIRCHNER FIRMA UN DECRETO PARA CREAR TRANSPARENCIA Y CONTROLAR LOS LOBBIES

En un intento de dar más señales de transparencia en su gestión, el presidente Néstor Kirchner firmará en los próximos días un decreto que busca ponerle límites a las actividad de los lobbistas y permitirá a la gente acceder tanto a información de organismos del Estado como de empresas privatizadas que brindan servicios públicos.

El Gobierno considera necesario que se regule la actividad de los gestores que con su trabajo buscan incidir en la decisiones del Gobierno en beneficio de los intereses de quienes los contrataron para esa tarea.

Uno de los aspectos más novedosos del decreto es la limitación del accionar de los controvertidos lobbistas, especies de monjes negros que circulan por los pasillos de los poderes del Estado y que incluso muchas veces aparecieron vinculados a casos de coimas y corrupción, como el principal elemento de “convencimiento”.

En muchos países desarrollados, la actividad del lobbista está reglamentada, y en algunos hasta hay registros donde deben inscribirse.

Este decreto ordenará que todas las audiencias de los funcionarios con los lobbistas tengan difusión pública y que quede registrado el objetivo de la reunión.

Por supuesto que esto no impedirá que un lobbista y un funcionario puedan reunirse, por ejemplo, en un bar, pero sí marca una limitación y una suerte de declaración de principios sobre el tema.

La explicación que da el Gobierno para tomar esta decisión, forma parte de los propios considerandos del decreto. Allí se sostiene que un objetivo del gobierno de Kirchner es “fortalecer la relación entre el Estado y la sociedad civil, en el convencimiento de que esta alianza estratégica es imprescindible para concretar las reformas institucionales necesarias para desarrollar una democracia legítima, transparente y eficiente”.

El decreto también establecerá:

Que cualquier persona pueda tener libre acceso a la información del Gobierno o de cualquier entidad que reciba subsidios o aportes del Estado, salvo en los casos en que esa información reservada por cuestiones de seguridad, de defensa nacional o protegidas por el secreto bancario o fiscal, entre algunas otras salvedades.

Que el Boletín Oficial, que ahora debe pagarse, sea de acceso gratuito a través de Internet.

Que las reuniones de los órganos de control de los servicios públicos sean abiertas a los usuarios.

Un reglamento para las audiencias públicas.

Y que antes de la elaboración de un proyecto de ley puedan participar en ella los sectores vinculados a la cuestión que se trate.

Algunas de estas normas hace tiempo que dan vueltas en forma de proyecto en el Congreso, pero nunca se convirtieron en ley. Por eso, según fuentes del Gobierno, a Kirchner le pareció más expeditivo sacarlas por decreto, aunque éste se limite al ámbito del Poder Ejecutivo.

“Quizás así también empujamos para que el Congreso haga algo parecido para el Poder Legislativo y el Judicial”, dijo ayer a Clarín un alto funcionario de la Casa Rosada.

En cuanto al libre acceso a la información de los organismos del Estado y de las entidades que reciben aportes estatales, el decreto asegura que es una forma de “controlar la corrupción”.

El factor corrupción también aparece en los argumentos para sean abiertas las reuniones de los entes reguladores de los servicios públicos. “Han de permitir poner fin a uno de los reductos del secreto que suele encubrir corrupción o arbitrariedad en decisiones que afectan y, frecuentemente, perjudican a los usuarios”, dice el decreto.

Lo novedoso de este punto del decreto es que obliga a muchas entidades privadas a abrir su in formación a la gente. Y no sólo a las que hayan recibido subsidios o aportes del Estado, sino las privatizadas, ya que el decreto incluye a “las empresas privadas a quienes se les hayan otorgado mediante permiso, licencia, concesión o cualquier otra forma contractual, la prestación de un servicio público o la explotación de un bien del dominio público”.

En cuanto a la audiencia pública y a la participación en la elaboración de normas, la diferencia es que la primera es abierta a cualquier persona y la segunda restringida a quien tiene un interés determinado en el tema a tratar. Ninguna de las dos tiene un carácter vinculante, es decir que el Gobierno puede tener en cuenta las opiniones pero no tiene obligación de obedecerlas.

El decreto se elaboró en la Subsecretaría de para la Reforma Institucional y Fortalecimiento de la Democracia, a cargo de Marta Oyhanarte y que depende del jefe de Gabinete, Alberto Fernández.