Kirchner se endurece con los piqueteros

La caracterización difundida del presidente Kirchner destaca entre sus cualidades la dureza para negociar y el fastidio que le causan las presiones para torcer las decisiones oficiales. Ante el renovado desafío de los grupos piqueteros no dialoguistas, el Gobierno ha resuelto aplicar con el máximo rigor esa conducta: mantendrá la política contraria a la represión, aunque rechazará de plano restituir siquiera uno de los subsidios que reclaman los manifestantes. Unas 20 personas que responden a las órdenes de Raúl Castells, líder del Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados, seguían anoche dentro de la sede del Ministerio de Trabajo y prometían seguir allí hasta que el Gobierno rehabilite el pago de 250.000 beneficios. Además, anunciaron que desde hoy propagarán las marchas de protesta -que incluyen huelgas de hambre y la instalación de campamentos permanentes- en 21 capitales provinciales. "No vamos a aceptar que Castells nos maneje la política; menos con esta lógica siniestra: quiere obligarnos a optar entre someternos a una extorsión o reprimirlos. No va a ocurrir ni una cosa ni la otra", dijo ayer a LA NACION el ministro del Interior, Aníbal Fernández. Sin premio Fuentes cercanas al ministro de Trabajo, Carlos Tomada, ratificaron que en este tema hay un discurso oficial unificado: los piqueteros que ocupan el edificio no se irán con el trofeo que esperan. Nunca se repetirá, sostienen, la imagen de Castells con un cheque gigante como premio registrada a mediados de 2002, cuando el gobierno de Eduardo Duhalde intentó aplacar la crisis causada por el asesinato de los piqueteros Maximiliano Kosteki y Darío Santillán. Los 250.000 subsidios que reclaman fueron dados de baja debido a que sus beneficiarios consiguieron empleo en el último semestre o porque se descubrieron irregularidades en la asignación, informó la cartera laboral. El Gobierno no tiene previsto iniciar un diálogo formal con el MIJD y el Movimiento Teresa Vive, que se sumó a la ocupación del Ministerio de Trabajo. Y los piqueteros aseguran que no se moverán hasta obtener una respuesta favorable a sus demandas. De hecho, el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, envió otro claro mensaje para desestimar las esperanzas de los manifestantes: "El reclamo suena extemporáneo e insoportable en su forma. Una cosa es controlar la medida tomada y otra cosa es tomar un edificio, afincarse en él y cortar una calle por tres días: ésa es una presión que los argentinos estamos cansados de tolerar", advirtió. El Presidente considera que esos sectores sólo persiguen mejorar su posicionamiento político, señalaron fuentes de la Casa Rosada. Aun así, existe preocupación en el Gobierno por la posibilidad de que haya represión en alguna de las marchas que anunció Castells en las provincias. Ha habido contactos oficiales con los gobernadores para recomendar que unifiquen su política con la postura nacional. Además del desafío de los sectores que conduce Castells, habrá esta semana otras dos marchas de consideración en los próximos días. Pasado mañana, la Corriente Clasista y Combativa (CCC) anunció una movilización hacia el Congreso para exigir la derogación de la ley laboral, y, al día siguiente, el Bloque Piquetero Nacional marchará en solidaridad con el reclamo de los grupos que ocupan el ministerio. Por cansancio La estrategia del Gobierno busca la victoria por agotamiento. Un grupo de policías custodia de cerca a Castells y a los piqueteros que resisten -en teoría, sin comer- dentro del ministerio: tienen orden de no reprimir y de garantizar la seguridad de los empleados. Afuera, la avenida Alem al 600 seguía ayer cortada, aunque con muchos menos manifestantes que el viernes. Pero para hoy anuncian allí un acto masivo con la presencia de militantes de otros piqueteros duros y partidos de izquierda. "Cuando los líderes tengan que enfrentar a su gente sin las soluciones prometidas, la fuerza del piquete y de las marchas va a decaer", aventuró una fuente cercana a Tomada. Los funcionarios que dialogan a diario con Kirchner explican que la política social del Gobierno persigue crear empleos y no aumentar la base de los subsidios. Incluso destacan que el proyecto oficial para reformar la ley laboral prevé ofrecer un incentivo impositivo (un 50 por ciento de rebaja en las cargas patronales) a los empresarios que contraten beneficiarios del plan Jefes y Jefas de Hogar.