KIRCHNER Y MENENM OCULTARON GASTOS

Las agrupaciones justicialistas que respaldaron a Néstor Kirchner y a Carlos Menem en las elecciones presidenciales de 2003 ocultaron a la Justicia una parte importante de los gastos que realizaron en la última campaña.

Ahora, la jueza federal María Servini de Cubría debe resolver si suspende los aportes partidarios y si inhabilita a los responsables de la campaña.

Según surge del relevamiento efectuado por los peritos contadores nombrados por la Justicia, la Alianza Frente por la Lealtad, que postuló a Menem, ocultó gastos por 11 millones de pesos y la Alianza Frente para la Victoria, que impulsó la candidatura de Kirchner, omitió denunciar erogaciones por 2,2 millones de pesos.

La ley de financiamiento partidario, número 25.600, puso un límite a los gastos que pueden efectuar los partidos en la época de campaña, limitó las donaciones que pueden recibir y los obliga a presentar a la Justicia dos rendiciones de gastos.

Al hacer esos estudios, los peritos judiciales especializados en financiamiento partidario descubrieron que las agrupaciones que respaldaron a Menem y Kirchner fueron mendaces. Esos documentos están en poder de la jueza federal María Servini de Cubría, que debe resolver qué sanciones corresponde imponer.

También estos datos coinciden con los contenidos en el informe que presentó el miércoles Transparencia Internacional, donde se puso de manifiesto que el financiamiento de los partidos es uno de los puntos más oscuros de la política vernácula: en efecto, entre las exigencias que establece la ley 25.600 y su aplicación hay importantes diferencias.

Una eventual sentencia de condena podría disponer la suspensión o pérdida de los aportes de fondos públicos que efectúa el Ministerio del Interior. Sólo luego de que la magistrada dicte las respectivas resoluciones sobre el comportamiento de cada agrupación, el tema podrá pasar a estudio de la Cámara Electoral, que es una firme impulsora de fortalecer el control sobre los partidos y de aplicar la citada ley, y finalmente podría llegar a conocimiento de la Corte Suprema.

La ley de financiamiento de partidos políticos obliga a cada una de las agrupaciones a presentar dos informes a la Justicia: uno, previo, que debe entregarse a los jueces electorales 10 días antes del comicio para hacer una referencia parcial a los gastos que se están efectuando, y otro informe definitivo, que debe presentarse hasta 60 días después, sobre todos los gastos efectuados, incluidos los realizados en publicidad en los medios de comunicación.

Los comicios se realizaron en abril de 2003 y en ellos fue ungido presidente Néstor Kirchner. Cuando están cerca de cumplirse dos años de su gestión, los dictámenes periciales ya están listos, pero todavía se aguarda el dictado de las respectivas sentencias.

Detalle de gastos

De allí surge que algunos partidos incurrieron en graves irregularidades, que esperan las respectivas sanciones, mientras que otros fueron un poco más prolijos. El siguiente es el detalle:

Los partidos Ucedé, Comunista, Intransigente, Popular de la Reconstrucción, Acción para una República de Iguales (ARI) y Obrero fueron los más prolijos: cumplieron bien con los requisitos legales y subsanaron las observaciones que se les formularon.

Algunos partidos incurrieron en fallas relativamente menores: por ejemplo, Izquierda Unida informó que recibió ingresos por venta de publicaciones en la vía pública por la suma de 105.000 pesos, pero no pudo presentar los comprobantes respaldatorios.

Del mismo modo, entre el dinero girado por la Dirección Nacional Electoral al Partido Socialista y lo recibido en la cuenta del partido hay una diferencia de 54.000 pesos.

Los peritos electorales también sostienen que la Alianza Recrear (López Murphy) debería explicar cómo recibió 896.000 pesos en concepto de descuentos y deducciones sobre servicios de publicidad. En rigor, la Justicia sospecha que ese descuento encubre un verdadero aporte de los medios de comunicación.

Las mayores observaciones que hacen los expertos recaen sobre la Alianza Frente por la Lealtad, que postuló a Menem, y la Alianza Frente para la Victoria, que impulsó a Kirchner. La agrupación de Menem omitió informar a la Justicia gastos de campaña por 11 millones de pesos, 7,4 de los cuales fueron canalizados al partido por particulares a través de la Fundación Argentina Solidaria y casi 1 millón a través de la Fundación Salta Solidaria.

Menem es el incumplidor más grande, según los peritos. Incluso, la primera de esas funciones habría superado el límite de dinero que puede aportar una persona jurídica a un candidato.

Pero la agrupación de Kirchner no se queda atrás, porque también incurrió en una llamativa omisión: no declaró 2,2 millones de pesos en gastos que efectivamente efectuó, según constataron los peritos al comparar los gastos declarados con los gastos efectuados y los comprobantes respaldatorios entregados. Con los intereses que calcula la Justicia, la omisión llegaría a 3,4 millones de pesos.