LA ACUSACIÓN DE IBARRA, ENTRE VACACIONES Y TIRONEOS POLÍTICOS

A sólo una semana para que Aníbal Ibarra se siente en el banquillo de los acusados, fiscales, defensa y jueces volvieron a cruzarse. Esta vez fue por las supuestas vacaciones de los legisladores y la incorporación a la causa del juicio político del informe que elaboró la llamada Comisión Investigadora de Cromañón.

La defensa del suspendido jefe de Gobierno porteño adelantó que volverá a plantear la nulidad del proceso porque la Sala Juzgadora no se reunió para decidir si se incorpora o no el informe que había elaborado la Comisión Investigadora. Y de paso, dejaron trascender que la mayor parte de los quince legisladores que actuarán de jueces no se reunieron porque están de vacaciones.

Los fiscales, en cambio, sostienen que la Sala ya aprobó la incorporación de esas 17 mil fojas. “Es sólo una dilación, es una mentira que la Sala Juzgadora deba reunirse para decidir esto”, explicó a Clarín el macrista Jorge Enríquez, uno de los tres fiscales.

Los legisladores Elvio Vitali y Facundo San Filippo, dos de los jueces que ayer seguían trabajando en la causa, coincidieron con Enríquez en que todavía no hubo ninguna comunicación del presidente del Tribunal, Julio Maier, llamando a una reunión de la Sala Juzgadora.

Sin un reglamento que regule la actividad de la Sala, los legisladores están trabajando sobre la base del Código Procesal Penal, que no fue pensado para un juicio político. Por eso, las interpretaciones varían de acuerdo al color de cada legislador.

Formalmente, los legisladores que integran la Sala no están de vacaciones. Pero lo cierto es que desde el 28 de diciembre, último día de reunión, la mayor parte de ellos no volvió a pisar sus despachos. Ayer, la agencia Télam consignó que sólo estaban en la Legislatura Elvio Vitali y Sebastián Gramajo, ambos kirchneristas, y Guillermo Smith y Facundo De Filippo, del ARI.

En aquella sesión del 28, los legisladores resolvieron que la próxima reunión sería el martes 17, cuando, con la lectura de la acusación y la presencia del acusado —Aníbal Ibarra—, comience la audiencia de debate.

Ese plazo no es casual. Es el tiempo que, de acuerdo con el Código Procesal Penal, el presidente del Tribunal, Julio Maier, necesita para citar testigos y recabar las pruebas pedidas por fiscales y defensores. En ese período, los legisladores no entran en receso y su trabajo debería continuar normalmente.

En esa misma sesión del 28 de diciembre, la Sala Juzgadora resolvió aceptar el informe de la Comisión Investigadora de Cromañón como parte de la prueba del juicio. Pero la semana pasada la defensa de Ibarra planteó la nulidad de ese informe. Los abogados del jefe de Gobierno sostienen que la Sala debería haberse reunido para tratar ese pedido y adelantaron que ése será un nuevo argumento para pedir la nulidad de todo el proceso.

Es que la defensa argumenta que el informe fue parcial ya que —a pedido de los familiares de las víctimas— la comisión estuvo integrada sólo por legisladores de la oposición. Para Julio Strassera, uno de los defensores de Ibarra, la incorporación de ese informe sería “una nulidad muy seria”.

El próximo martes 17 Aníbal Ibarra tendrá que ir hasta la Legislatura para escuchar los cargos en su contra. Ese día, adelantaron sus abogados, el suspendido jefe de Gobierno pedirá la nulidad del juicio. Aunque Ibarra sabe que sus reclamos serán rechazados, intenta sumar argumentos para una eventual presentación en la Justicia, el último recurso que guarda frente a la destitución.