LA AFIP SACA A LA CALLE A LOS INSPECTORES ENCUBIERTOS

El señor X y la señora Y entran en el restaurante lujoso. Cenan y beben en pocos minutos. Luego, piden la cuenta. El mozo se la acerca en un papel, escrito a mano, o en un ticket improvisado. De inmediato los amables consumidores desenfundan sus credenciales y se dan a conocer, para desgracia del mozo, o dueño: son inspectores de la Dirección General Impositiva (DGI) que van a multar al local por evadir el IVA.

Esta escena podría dejar de ser ficción para convertirse en una realidad que vivirán desde la semana próxima los comerciantes de la Capital Federal por la decisión de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) -a cargo de la DGI- de comenzar a aplicar el régimen del inspector fedatario o “encubierto”. Será una pareja de agentes de fiscalización experimentados que tendrán la facultad de aplicar sanciones.

Según la ley incluida en el paquete antievasión II, sancionado en junio último, los funcionarios podrán actuar sin identificarse hasta que se cometa eventualmente el acto de evasión. El jefe de la AFIP, Alberto Abad, dijo ayer que los agentes no podrán clausurar comercios, sino que labrarán actas de infracción, debido a que la norma fue restringida durante su sanción parlamentaria. “El comerciante que cumple con la ley, que se olvide, no así los que no lo hacen; no queremos imponer un sistema sancionatorio sino generar la percepción de riesgo y que haya una conciencia pública de que el que no cumple tendrá una sanción”, afirmó Abad ayer en declaraciones radiales.

Los inspectores sólo actuarán a partir de la denuncia previa de los contribuyentes y por orden de un “juez administrativo”, cargo que ejercen los jefes de agencia o de las regionales de la DGI. Además, estarán en pareja para que uno de los dos “dé fe” de lo que hace el otro, sin necesidad de recurrir a otros testigos.

DOBLE CUIDADO

Y si bien comenzarán a actuar en la ciudad de Buenos Aires, luego los operativos se extenderán al resto del país, se explicó en la AFIP. “Vamos a cuidarnos mucho y a dirigirnos a toda clase de comercios, porque el objetivo no es estar clausurando quioscos”, indicó a LA NACIÓN una calificada fuente del organismo fiscal.

La aclaración del funcionario sobre el “cuidado” resulta importante por dos motivos: por la reacción que pueda generar in situ y por la respuesta legal de los comercios sancionados. César Litvin, del estudio Lisicki, Litvin & Asoc. y presidente de la comisión de impuestos de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, dijo a LA NACIÓN que “estos operativos van a generar peligros de agresión física”. Además, indicó que “las facultades que tenía la AFIP antes de esta reforma ya eran suficientes”.

“Habrá problemas por la naturaleza jurídica de esta figura; además, los funcionarios fiscalizadores no van a estar muy cómodos cuando digan que están engañando a alguien”, sostuvo Litvin. El especialista agregó que la “línea es muy delgada” como para evitar que se cometan “arbitrariedades”.

Al respecto, el abogado Tomás Wilson Rae opinó que “esta modalidad de fiscalización es inconstitucional porque afecta el derecho que tiene todo contribuyente de no declarar contra sí mismo”.

El abogado aclaró anoche a LA NACIÓN que “el procedimiento puede ser declarado nulo si el contribuyente prueba que el inspector lo sedujo a infringir la ley”.

Por esta razón, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) consideró que esta medida forma parte de la “dictadura fiscal” presuntamente instigada desde el Gobierno.

El secretario general de la CAME, Vicente Lourenzo, dijo a LA NACION que “hay una gran preocupación por el avance del Poder Ejecutivo sobre las funciones del Poder Judicial. Si bien estamos a favor del control de la evasión, darle superpoderes a la AFIP es un peligro y un abuso”, disparó Lourenzo.

Más moderados, los tributaristas Alfredo Lamagrande y Alejandra Schneir indicaron a LA NACION que el nuevo régimen puede ser “efectivo en el corto plazo, pero no constituye una herramienta demasiado útil para combatir la evasión”.

“No es una forma de atacar a fondo la evasión. Ya se probó en otros países de la región, como Perú y Ecuador, y no dio resultado”, advirtió Lamagrande.

Schneir consideró que “quizá la actuación de los agentes pueda tener un efecto en los primeros tiempos, porque en la Argentina no se pide la factura; la gente es reacia y por lo tanto está bien que el fisco actúe, pero en el largo plazo es posible que este régimen pierda eficacia o pueda ser cuestionado legalmente”.