LA ARGENTINA NO EXPULSARÁ A LOS INMIGRANTES ILEGALES

El gobierno argentino dispuso la suspensión de las expulsiones de los extranjeros provenientes de países limítrofes que estén en situación irregular, en virtud del “proceso de integración avanzado” de la Argentina con sus naciones vecinas, hasta tanto se reglamente la nueva ley migratoria sancionada en diciembre, según señaló la Dirección Nacional de Migraciones a LA NACION.

La medida, publicada ayer en el Boletín Oficial, alcanza a ciudadanos de Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Chile e incluiría a unas 700.000 personas que residen ilegalmente, según cifras oficiales.

“Lo que queremos es volver a instalar a la Argentina como un país que da la bienvenida a los inmigrantes y cambiar la idea de que esta dirección sólo persigue a los extranjeros”, explicó a LA NACION el director de Migraciones, Ricardo Eusebio Rodríguez.

“De esta manera, hasta que esté reglamentada la nueva ley migratoria estamos intentando blanquear una situación que hace que los inmigrantes vivan en la ilegalidad”, agregó el funcionario.

Desde su punto de vista, esta iniciativa no perjudicará a los argentinos ni aumentará la desocupación. “Tampoco hay que esperar un aluvión de extranjeros. No tenemos miedo de que suceda. De esta forma todos los que ingresen estarán identificados. La gente va a seguir viniendo, pero ahora todo aquel que ingrese estará registrado. Las estadísticas se harán sobre un universo que esté claro, declarado y a la vista. Con la legislación anterior sobre la ilegalidad se generaba más ilegalidad”, indicó el funcionario.

Por una resolución publicada ayer en el Boletín Oficial la Dirección de Migraciones advierte de la “excepción” de ese beneficio a “aquellas expulsiones que estuvieran fundadas en la existencia de antecedentes penales de los ciudadanos a los cuales se dirijan tales medidas”.

“El 75 por ciento del flujo migratorio que llega a la Argentina proviene de países limítrofes; es por eso que desde el Ministerio del Interior se está trabajando en el diseño de una política migratoria que cumpla con el objetivo geopolítico y con el respeto de los derechos humanos”, dijo Rodríguez.

En los considerandos de la medida se consigna “que la República Argentina se encuentra en un proceso de integración avanzado cuyo principal objetivo es la conformación de un mercado común que implica la libre circulación de bienes, servicios y factores productivos entre los países miembros”.

La norma establece que se suspenden a partir de ahora “las medidas de expulsión o conminación a hacer abandono del país” de los “nacionales de países limítrofes”.

La medida de la dirección se complementa con la resolución N° 345 del Ministerio del Interior de noviembre último, por la cual los extranjeros de países limítrofes pueden obtener una residencia legal temporaria por dos años, hasta tanto entre en vigor el Acuerdo Mercosur sobre Residencia, basada en su nacionalidad. Para ello deben acreditar ser nativo de un país limítrofe, carecer de antecedentes penales y certificado de salud.

Y la nueva ley convoca a imprimir velocidad al procedimiento administrativo, fomenta el acceso a la salud y a la educación de los hijos de extranjeros y establece el derecho a la defensa y el control judicial de las deportaciones.

Además, prohíbe la contratación de extranjeros que estén en situación irregular, se reprime con prisión de uno a seis años, y legaliza el envío de remesas de dinero al exterior. Pero para que esta nueva normativa sea una realidad son necesarias varias reformas.

La primera medida fue la de crear una base única de datos que entrecruce los ingresos de extranjeros por las fronteras con el estado de los trámites de todos aquellos que solicitan la residencia en el país.

“Primero hay que legalizar todo lo que está en negro y subyace por debajo de la sociedad”, indicó Rodríguez. Según cifras oficiales, existen alrededor de 1.250.000 inmigrantes que residen en la Argentina.

Ley consensuada

Desde el Gobierno creen que el éxito de la nueva ley radica en que se consensuó con todos los sectores. Incluso, según adelantaron, la reglamentación se trabaja en conjunto con los ministerios de Salud, Educación, Desarrollo Social y con la AFIP.

“Esto se había convertido en una gran cueva de corrupción. Cada migrante era la víctima de un peaje interno o externo. Lo que interesaba era retener cada expediente, porque de esa manera se genera un cliente cautivo”, señaló Rodríguez (ver aparte).

Desde diciembre se han firmado 16.000 expedientes que estaban en trámite. “Había más de 6000 atrasados, y algunos se habían iniciado en 1991”, agregó el funcionario, que espera tener los instrumentos necesarios en menos de dos meses y que la reglamentación sea una realidad en los próximos 180 días.

Bolivianos, peruanos y paraguayos figuran en el tope de las listas de pedidos de radicación entre 1995 y 2000 que manejan en el organismo. Y son los primeros los que figuran en segundo lugar en las listas de residentes. La mayoría de los integrantes de la comunidad boliviana reside en los barrios porteños de Flores, Floresta, Villa Luro, Liniers y Mataderos.

Aunque desde Migraciones estiman que los residentes de esa nacionalidad superan los 200.000, los miembros de la comunidad calculan que llegan al millón.

Los paraguayos residentes en la Argentina, según los números oficiales, son casi 300.000. Sin embargo, en el seno de la comunidad estiman que son más del doble. “Los paraguayos viven en todo el país. Incluso tienen una amplia participación cultural y social. Nosotros calculamos que sólo en la Capital y el conurbano bonaerense llegan a 600.000”, indicó Alberto Loyarte, editor del boletín informático “Novedades de paraguayos en Argentina” ( [email protected] ).