LA ARGENTINA YA CORRE RIEGOS DE SUFRIR EMBARGOS POR LA DEUDA
Sin actos formales, ayer expiró el plazo de gracia que el juez federal, Thomas Griesa, le había concedido a la Argentina, para escudarse de posibles embargos de los acreedores que le ganaron juicios en Nueva York por unos 800 millones de dólares. Luego de algunas discusiones, el Gobierno decidió no pedirle al magistrado una nueva audiencia o si quiera otro pedido de prórroga. Simplemente, dejó pasar la fecha, como cualquier otro día del calendario, a la espera de que los “fondos buitres” den el próximo paso.
Los embargos no ocurrirán enseguida. Pero, este mismo lunes, cualquiera de los cuatro fondos que obtuvieron fallos a su favor —EM, Old Castle, Lightwater y Macrotecnic— pueden presentar en la corte pedidos para incautar un bien comercial del Estado. No obstante, Griesa les advirtió que necesita una notificación de 30 días de antelación antes de trabar una orden sobre un activo.
Los bienes de los ciudadanos argentinos en el exterior son inmunes al apetito de los litigantes. Sólo están en riesgo los del Estado. Entre las cosas que los fondos tendrían en mente están: la sucursal del Banco Nación en Nueva York; los pagos de los Boden que se hacen en Bruselas; los giros al Fondo Monetario Internacional (hay uno de 3 mil millones programado para el 9 de marzo); los fondos que eventualmente se destinen a los tenedores de bonos que lleguen a un arreglo de deuda negociado con el Gobierno; el dinero que el Estado obtenga por la exportación de algún producto; los bienes en el exterior del Correo o de cualquier empresa en manos de la Nación.
“No podemos hacer comentarios”, dijo escuetamente a Clarín Dennis Hranitzky, el abogado de EM —el fondo del enigmático magnate Kenneth Dart—, sobre la posibilidad de presentar órdenes de embargo. Sin embargo, en la audiencia del 31 de octubre, la fecha en que Griesa concedió los últimos 90 días de gracia para la Argentina, otros abogados fueron mucho más indiscretos. Por ejemplo, Guillermo Gleizer, que representa a Macrotecnic, dijo abiertamente que quería incutar para su cliente el dinero “de una asociación llamada con un nombre muy estrafalario, el Fondo Monetario Internacional”. Otro abogado, Mark Kalish, que representa a Old Castle y Lightwater, le dijo al juez: “Si Ud. levanta el período de espera, en muy corto tiempo le presentaré una solicitud para identificar a los que creemos que son bienes de esta República”.
En la última semana, los abogados de los “buitres” tuvieron lo que llamaron una “productiva” conferencia telefónica con los representantes legales del país —el estudio Cleary, Gotlieb, Steen & Hamilton— para discutir la lista de bienes embargables dentro y fuera de los Estados Unidos. Seguirán conversando el miércoles.
Argentina solicitó en cuatro oportunidades una protección contra los embargos con el objetivo de poder encarar negociaciones con los tenedores de bonos, sin “ser interrumpido por ejecuciones”. Así lo dijo Jonathan Blakman, el abogado del país, en la audiencia de octubre. Incluso, le llegó a prometer al juez que si en menos de 90 días se producía una solución negociada, le comunicaría la noticia, para que se levantara la veda de incautar.
Pero en ese período no sólo no se produjeron negociaciones con los bonistas. El Gobierno tampoco reconoció la formación de un nuevo comité Global, que reúne a fondos institucionales y a organizaciones de ahorristas particulares de EE.UU., Europa y Japón. Tal vez, por eso, el Gobierno descartó arriesgar otro pedido de extensión. En Economía se llegó a ensayar una carta a Griesa, culpando por la demora de las negociaciones al FMI, pero finalmente se desistió de la idea. La expiración de la veda se vivió sin nervios: el subsecretario de Finanzas, Guillermo Nielsen —el hombre de la deuda— estaba en la playa.
Pero los acreedores “pacíficos” están preocupados. Si Dart llegase a obtener los 725 millones de dólares de su fallo mediante embargos, ellos también se van a ver obligados a demandar al país. “Si no, nos hacen juicio a nosotros”, confesó un titular de un fondo.
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