La Asociación para la Prevención de la Tortura capacitará al personal de la Secretaría de DDHH

Personal de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia que se dedica al monitoreo del sistema jurídico penal será capacitado por la Asociación para la Prevención de la Tortura (APT), una organización internacional no gubernamental que es consultora externa de la ONU.

Los talleres de formación, que se realizarán el año entrante, fueron acordados ayer en una reunión que mantuvieron en la Casa de Gobierno el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Héctor Superti, y el director para Latinoamérica de la APT, Hugo Lorenzo.

También estuvieron presentes en el encuentro: la secretaria de Derechos Humanos, Rosa Acosta, y el subsecretario de Asuntos Penales, Juan Lewis; el procurador penitenciario de la nación, Francisco Mugnolo y el delegado de esta institución en la región Litoral, Sebastián Cáceres.

Durante la reunión se abordó la temática de los derechos humanos de las personas privadas de libertad, pero además se avanzó en términos de cooperación, acordando talleres de capacitación para personal de la Secretaría de Derechos Humanos que realiza visitas preventivas a las cárceles y tareas de monitoreo del sistema jurídico penal, con el objetivo de mejorar los procesos de trabajo.

Justamente la tarea de la APT es ayudar y apoyar a las sociedades y a los Estados para que apliquen el Protocolo Facultativo de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura, según explicó Lorenzo. El especialista se encuentra de visita en la Argentina –la oficina regional de la APT tiene sede en Panamá- para brindar capacitación en materia de visitas a centros de privación de la libertad.

“Este diálogo institucional nos parece muy valorable”, indicó el ministro Superti, “ya que el gobierno tiene una política de apertura hacia la sociedad civil en la materia y desarrolla una multiplicidad de acciones en este sentido”.

Mencionó como emblemático el cierre en octubre de 2008 del pabellón psiquiátrico de la cárcel de Coronda, conocido como “El Corralito”, a partir de una acción conjunta de los ministerios de Seguridad, Salud y Justicia y Derechos Humanos, así como el hecho de que en la provincia no hay en institutos de la justicia penal juvenil adolescentes menores de 16 años o personas que no tengan causa penal en trámite o condena, situación que no se verifica en otras provincias del país.