La baja de las indemnizaciones genera resistencia en la CGT
El anteproyecto que difundió el Gobierno modifica el cálculo que define los pagos por despidos sin causa. Los sindicatos pedirán mañana a Triaca postergar su discusión.
Jorge Triaca les entregó anteayer en mano el borrador de la reforma laboral a los abogados de las principales cámaras empresariales y de los sindicatos. Eran en total 28 personas: 17 asesores legales de los gremios y el resto, de las empresas. Todos se sorprendieron por el volumen de la iniciativa, de 145 artículos (28 páginas) y que contempla ligeras modificaciones a la ley de contrato del trabajo y de asociaciones sindicales, dos normas que la CGT había negociado con el ministro no alterar. Ésa fue la primera alarma que se activó entre los sindicatos.
La letra chica del borrador es todavía motivo de análisis y debate puertas adentro de los gremios. Sin embargo, alcanzó con la primera lectura para que se encendieran otras luces de advertencia. Hay tres ítems puntuales que generan inquietud: la liberación de todos aquellos mecanismos regulatorios y fenómenos distorsivos que impidan el desarrollo de las empresas, planteado en el primer artículo: la intención oficial de reducir el cálculo para el pago de las indemnizaciones y el proyecto para “limpiar” el padrón de sindicatos, que es hoy de 3.263 gremios en todo el país.
La CGT todavía no elaboró una postura común, aunque mañana, cuando la cúpula se reúna otra vez con el equipo de asesores del Ministerio de Trabajo, pedirá postergar su tratamiento. “Vamos a pedir que nos den más tiempo para evaluarlo”, reconoció a La Nación Héctor Daer, uno de los integrantes del triunvirato. El punto más polémico es el relativo a las indemnizaciones por despidos sin causa. El proyecto prevé modificar el artículo 245 de la ley de contrato de trabajo (20.744) incluyendo una aclaración: “…Quedarán excluidos de la base salarial el sueldo anual complementario, las horas extraordinarias, las comisiones, premios, y/o bonificaciones, las compensaciones de gastos y todo otro rubro que carezca de periodicidad mensual, normal y habitual”. El Gobierno lo considera una herramienta útil para la reconversión de sectores de la economía. En las charlas preliminares entre la CGT y Triaca no se habría deslizado la intención de modificar las indemnizaciones de manera universal. Según los gremialistas, se habría convenido avanzar de manera sectorial, sin “tocar” la ley. El otro ítem que generó malestar entre los sindicalistas fue la inclusión en el proyecto de la eliminación de sindicatos. “No puede ser que haya más de 3000 sindicatos y sólo 600 negocien paritarias”, dijo Macri en su presentación en el Centro Cultural Kirchner. En el borrador, el artículo 120 prevé verificar la existencia de sindicatos. El Ministerio de Trabajo intimará a las organizaciones que en los últimos cinco años no hayan cumplido sus obligaciones legales y estatutarias a regularizar su situación en un mes. De no hacerlo, serán dadas de baja. “Queremos limpiar el padrón, hay gremios que están acéfalos desde hace 15 años. Es como hacerles el certificado de defunción. Procederemos como hace la IGJ con las empresas que no presentan sus balances”, explicó a La Nación un jerárquico de la cartera laboral.
En la CGT están dispuestos a avalar el proyecto de blanqueo laboral, que otorga facilidades y beneficios para los empresarios que regularicen a sus empleados. También la ampliación de las licencias por paternidad de dos a 15 días. Pero no había ayer unanimidad para apoyar el resto de los puntos. Surgieron dudas sobre el regreso de las pasantías. También sobre la posibilidad del empleador de modificar de manera unilateral las condiciones de trabajo o las tareas de su personal.
Hay además incertidumbre sobre lo que se denominó el “banco de horas”, por el cómputo de la jornada laboral, que podría subir en algunos casos de ocho a 10 horas, y por la facilitación de contratos a tiempo parcial y la creación de la figura del “trabajador autónomo económicamente dependiente”, que sería excluido del régimen actual del contrato de trabajo. “Es un proyecto de ley para generar empleo y de calidad. La reforma de Brasil nos condiciona”, dijo ayer a La Nación un jerárquico del Ministerio de Trabajo.
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