LA BODA DE CAMILA Y CARLOS EN SUSPENSO POR PROBLEMAS LEGALES

Una avalancha de obstáculos legales ha puesto efectivamente en el “congelador” la boda del príncipe de Gales y Camilla Parker-Bowles, prevista para el próximo 8 de abril.

El jefe del Registro Civil de la ciudad de Windsor confió al periódico The Daily Express que, temeroso de cometer un delito al casar a un miembro de la familia real, pidió esta semana al titular del Registro Civil de Inglaterra, Len Cook, que llevara “informalmente” el tema ante la presidenta de la división de familia de la Corte Suprema, Elizabeth Butler-Sloss.

No importa cuál sea la opinión de la jueza, esto abre la posibilidad de que la cuestión sea sometida a un largo proceso legal, comenzando por un magistrado en Londres cuya opinión podrá ser apelada ante la Corte Suprema, la Cámara de los Lores y hasta la Corte Europea de Derechos Humanos.

La consulta legal se llevará a cabo aun cuando el ministro de Asuntos Constitucionales británico, Charles Falconer, dijo esta semana a la Cámara de los Lores que, a su parecer, la boda civil del príncipe Carlos, de 56 años, y la divorciada Camilla Parker -Bowles es legal. Falconer, encargado del asesoramiento legal de la pareja, parece, sin embargo, ser el único experto con esa opinión.

La disputa se basa sobre principios de la jurisprudencia inglesa. Todo comienza a partir de la excepción de la familia real de los términos de la primera ley de matrimonio civil, que data de 1836. Esa excepción tuvo por objeto asegurarse de que la única forma de contraer matrimonio para aquéllos en la línea de sucesión del trono británico fuera bajo los términos de la Iglesia Anglicana; así, se preservaba el carácter protestante de la corona.

En 1949, esa ley fue compendiada con otras de carácter familiar, mediante un acta registrada en 1953.

El problema es que Falconer considera el acta de 1949 una nueva ley e interpreta que la ausencia de un párrafo indicando que los Windsor no entran dentro de sus términos tácitamente les permite someterse a sus reglas.

El ministro también estimó que la adopción, en 1998, por parte del Reino Unido de la Declaración Europea de Derechos Humanos obliga a considerar a la pareja real como a cualquier otro ciudadano de la Unión Europea. “El ministro se equivoca -señaló a LA NACION Stephen Cretney, profesor de derecho constitucional de la Universidad de Oxford-. El acta de 1949 no es una nueva ley; es un mero compendio y dice muy claramente en su primer párrafo: «Esta acta no reemplaza ninguna de las leyes que compendia». Ese párrafo fue mantenido cuando el texto fue registrado en 1953.”

“Eso fue justamente lo que el gobierno le explicó, en 1955, a la princesa Margarita cuando ella quería casarse con el divorciado capitán Peter Townsend, lo que la ponía fuera del marco de un casamiento religioso, una situación similar a la de Carlos. Y también por eso es que, en 1992, la princesa Ana contrajo segundas nupcias en Escocia, donde la Iglesia local condona el matrimonio de divorciados, algo que la Iglesia de Inglaterra no acepta cuando uno o ambos de los contrayentes han vivido en adulterio.”

Cretney consideró, además, “sumamente peligroso” invocar la Declaración de Derechos Humanos para afirmar que los Windsor gozan de los mismos derechos y deberes que el resto de los ciudadanos. “De ser así, tendrán que abandonar todos los privilegios de los que gozan.”

La abogada Aileen McColgan, del estudio de Cherie Blair, esposa del premier Tony Blair, también consideró “discutible” la legalidad de la boda. “Si alguien decide presentar una objeción formal, tanto durante como después de la boda, ésta tendrá que ser debatida en los estrados”, advirtió.

En Inglaterra, por ley, el público debe tener libre acceso a toda ceremonia civil, no importa quiénes sean los contrayentes. Muchos temen que el Guildhall, el dorado ayuntamiento de Windsor donde Carlos y Camilla darán su “sí, quiero”, sea escenario de un escándalo por parte de admiradores de la difunta Lady Di.

El temor de un papelón mayúsculo explicaría la decisión de la reina de no asistir a la ceremonia. Tampoco el duque de Edimburgo y los hermanos de Carlos estarán presentes. Sólo los hijos del novio lo acompañarán.

Los escenarios

¿Cuáles son las opciones que se le presentan a la pareja? La más sencilla sería la aprobación de una legislación de urgencia en el Parlamento para agregar un párrafo a la normativa existente, de modo de aclarar la situación. Esta semana, sin embargo, Falconer descartó esta alternativa por considerarla “innecesaria”.

Otra posibilidad es que se casen en Escocia. Pero esto también tiene sus bemoles. Por un lado, sería desautorizar al gobierno. Potencialmente más serio, por el otro lado, sería el impacto para la Iglesia de Inglaterra de ver al heredero de la corona -y futuro “gobernador de la fe anglicana”- casarse en la episcopal Iglesia de Escocia.

Una tercera opción -la preferida por el momento- es dejar las cosas como están, abrigando el deseo de que nadie inicie una acción legal. Pero este positivo escenario deja latente el peligro de una crisis constitucional por cuanto no borra la posibilidad de que en el momento de la coronación de Carlos alguien reavive el tema y exija la separación del trono de Camilla por considerar “ilegal” su vínculo con el nuevo rey. Esto no le permitiría tan siquiera llevar el título de “princesa consorte”.

Una imagen golpeada

La desprolijidad con la que se han manejado estas nupcias ya ha causado un daño considerable a la imagen de la monarquía. Una encuesta publicada por el matutino The Daily Telegraph asegura que sólo un 31% de la población cree que el príncipe se convertirá un día en rey, comparado con un 37% hace apenas dos semanas.

Peor aún, un 23% de los consultados estimó que el Reino Unido debería convertirse en una república al día siguiente de la muerte o de la abdicación de Isabel II. Los británicos se sienten avergonzados por la seguidilla de errores cometidos desde el 10 de febrero, fecha en la cual Carlos y Camilla anunciaron su compromiso. Y muchos ponderan con horror la posibilidad de que el espectáculo del cual serán testigos no sea más que una carnavalesca batalla por ser definida por los tribunales.