LA CALLE ESTÁ DURA

En octubre pasado, el ex diputado provincial del socialismo, Eduardo Di Pollina, presentó en la Cámara de Diputados de Santa Fe un proyecto junto a la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (AMMAR) para derogar los artículos 83 y 87 del Código de Faltas provincial, que habilitan a la policía a detener a las trabajadoras sexuales en la vía pública. La iniciativa tomó impulso tras el crimen de la secretaria general de AMMAR Rosario, Sandra Cabrera, pero increíblemente está estancada en la Legislatura provincial; no pasó de la comisión de Asuntos Constitucionales. “El oficialismo (por el Partido Justicialista) se propone la modificación y no la derogación de estos artículos”, recordó Di Pollina, hoy diputado nacional, quien recordó que el proyecto tiene estado parlamentario hasta fin de año.

El proyecto de derogación sigue estancado. “Nosotros fundamentamos la derogación en la inconstitucionalidad. Porque no es un delito la prostitución, se están transgrediendo los derechos de las meretrices y la legislación vigente termina siendo un instrumento para delinquir, coimear y explotar a estas mujeres por parte de un sector de las fuerzas de seguridad”, afirmó Di Pollina a este diario.

En referencia al justicialismo, apuntó que no conoce “un argumento sólido que pueda apoyar y fundamentar la modificación de estos artículos, porque buscarles un punto intermedio implica que todo siga igual”. Además, señaló que el punto en discusión es si se está de acuerdo o no con que se las reprima, porque la controversia con el oficialismo es que “no estaban de acuerdo en la cuestión de fondo”.

El dirigente socialista planteó que el Código de Faltas provincial “es muy antiguo por lo que debería ser revisado integralmente, más allá de los artículos en cuestión”. Al respecto disparó que “el contenido de este código es profundamente fascista, que se revela claramente en el contenido de estos artículos. No se aborda la cuestión social de fondo desde el punto de vista de la legislación, sino que se intenta reprimir a las meretrices a través del Código de Faltas”.

Además, plantea que el desarrollo de la prostitución es una de las caras visibles de la pobreza, ya que la raíz del conflicto es de carácter social. “Entonces, esto es lo mismo que tratar de penar o reprimir la pobreza”, comparó y remató: “Acá hay una responsabilidad política enorme que no se asume o que no se quiere resolver”.

El actual diputado nacional manifestó la dificultad que se encuentra en ciertos casos para tratar proyectos cuando hay sectores sociales que influyen sobre el poder político. Al respecto declaró que acá “hay una hipocresía muy grande” y comparó la situación parlamentaria de este proyecto con el de salud reproductiva que presentó por primera vez en 1997, y que se aprobó ‑luego de ser presentado varias veces‑ recién en el año 2000.

“Con estos temas siempre hemos tenido grandes inconvenientes. Por ejemplo con el plan de salud reproductiva, hubo grandes sectores religiosos muy radicalizados que se opusieron terminantemente. En ese sentido los factores del poder interrumpen permanentemente para que este tipo de temas no salgan a la luz”, argumentó.

“Se tuvo que llegar a un crimen para que reaccionen diferentes ámbitos que deberían haber actuado cuando se hicieron las denuncias públicas y judiciales, y que no actuaron con la premura del caso”, recordó Di Pollina, en alusión al asesinato de Cabrera, ocurrido el 27 de enero pasado, entre las 3 y la 5 de la mañana en el domicilio de Iriondo 647,

y por el cual está detenido y procesado por homicidio el policía federal Diego Parvlucksyk.