LA CÁMARA DE DIPUTADOS APROBÓ LA PRÓRROGA DE EMERGENCIA ECONÓMICA
La Cámara de Diputados debatía esta noche el Presupuesto Nacional 2004, que prevé una inflación del 10% promedio, un ahorro fiscal de 12.600 millones de pesos equivalente al 3% del Producto Bruto, y gastos por 59.700 millones de pesos en la administración pública nacional.
La iniciativa calcula un crecimiento de la economía del 4%, y si bien el gasto nominal sube, si se descuenta la inflación, en realidad baja en 490 millones de pesos.
Esta baja del gasto real se produce porque se incluyen pagos a acreedores que tienen bonos en default.
El proyecto que analiza Diputados prioriza las áreas de desarrollo social, inversión en obras públicas y educación.
La iniciativa llegó a la Cámara baja con la firma en disidencia del radicalismo y algunas modificaciones al proyecto original enviado por el Poder Ejecutivo.
Además, estima un superávit primario de 2.300 millones de pesos, con exportaciones por 109 mil millones de pesos (un aumento de 5% con respecto al 2003) y un nivel de importaciones de 60 mil millones de pesos (16% más que este año).
El gasto en empleados públicos, en tanto, cae 7% en términos reales, debido al congelamiento de salarios, disminuyendo así su poder adquisitivo.
Según un estudio elaborado por especialistas del Centro de Implementación de Políticas Públicas y del Grupo Sophia, si bien el gasto del Gobierno aumenta casi 9% en términos nominales, si se descuenta la inflación estimada en un 10%, esas erogaciones terminan disminuyendo 0,9, al pasar de 54.893 millones de pesos en 2003 a 54.404 millones en el 2004.
Como el Presupuesto no incluye pagos a los acreedores que tienen bonos en default, la caída en términos reales es del 18,4 por ciento, de 7.761 millones de pesos este año a 6.331 de 2004.
En el Presupuesto 2004, el Gasto Social Nacional es de 40.392 millones de pesos, que incluyen 24.738 millones correspondientes a la seguridad social.
Las áreas del gasto que más aumentan en este proyecto de ley de Presupuesto son transporte, promoción social y educación.
También hay aumentos en las partidas para relaciones exteriores, ciencia y técnica, y vivienda, y una caída de más del 10 por ciento en el monto destinado al pago de la deuda pública.
Con relación a los 4.800 millones de pesos en que aumenta el gasto nominal en este Presupuesto, se observa que un 42 por ciento se destina a la seguridad social, un 19 por ciento a las actividades de promoción social, 15 al transporte y otro 15 a la educación.
En materia de ingresos, durante el 2004 el gobierno nacional espera obtener recursos por 62.000 millones de pesos, un 14 por ciento más que en el 2003.
El presupuesto llegó a la cámara con la firma en disidencia del radicalismo y con algunas modificaciones al proyecto original que envió el Poder Ejecutivo.
Aprobaron prórroga de Emergencia Económica
La Cámara de Diputados aprobó esta noche y giró al Senado el proyecto que establece la prórroga de la emergencia económica hasta diciembre de 2004 y que preserva en el ámbito del Poder Ejecutivo facultades delegadas por el Congreso en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria.
Tras un debate que se extendió por más de cuatro horas, la cámara baja aprobó a las 23.30 la prórroga de la emergencia económica con el respaldo del justicialismo y el rechazo de los legisladores del radicalismo, la izquierda y del ARI, quienes cuestionaron la iniciativa enviada por el Ejecutivo.
Luego de aprobar la prórroga de la emergencia económica, el cuerpo se abocó al tratamiento del proyecto de Presupuesto 2004, que podría ser sancionado en general mañana por la mañana y en particular en horas de la tarde, ya que el radicalismo anticipó su decisión de debatir artículo por artículo esa iniciativa.
La prórroga de la emergencia económica no contempla una indexación para nuevos contratos como había trascendido, pero si se estableció el sistema de actualización que tendrán los préstamos contraidos previos a la devaluación por afuera del circuito financiero.
En ese sentido, establece que en las obligaciones de dinero existentes al 6 de enero concertadas fuera del sistema financiero, haya o no mora, serán pesificadas y se aplicarán la normativa vigente en cuanto al CER o el CVS o el mecanismo de ajuste que en su futuro los reemplace.
La sesión se inició poco después de las 19 con la aprobación de varios proyectos y la media sanción de otros que tenían dictamen de comisión, tras lo cual se pasó al tratamiento de la prórroga de la emergencia económica, cuyos lineamientos fueron defendidos por el diputado nacional del PJ, Julio Gutiérrez.
También el justicialista Manuel Baladrón defendió la iniciativa, al sostener que se está “en el camino correcto pero sería soberbio decir que está todo bien, sino que la crisis no ha sido superada y aún queda un largo camino por recorrer. Estamos en el comienzo de un largo camino de recuperación, pero en medio de una emergencia que debemos superar”, aclaró.
Desde el radicalismo, el titular de la bancada partidaria, Horacio Pernasetti, cuestionó la delegación de facultades al Ejecutivo y anticipó el voto en contra de la iniciativa, al sostener que “envía de nuevo a miles de argentinos a los tribunales y otorga a los jueces herramientas difíciles de interpretar”.
En tanto, desde el ARI la diputada nacional Marcela Rodríguez anticipó el voto negativo de esa fuerza y calificó a la iniciativa como “un cheque en blanco”.
El proyecto estipula que si una de las partes considera que con este ajuste el valor es inferior podrá pedir un reajuste equitativo del precio, con excepción de las personas que se encuentran en mora.
Sobre este punto, el Gobierno afirma que se establece el procedimiento mediante el cual habrá de resolverse los efectos que eventualmente surjan de la aplicación de tales métodos de actualización, reafirmando la plena vigencia del principio del esfuerzo compartido.
En caso de situaciones ya resueltas entre las partes o por disposiciones emanadas de sentencias judiciales se establece claramente que no se alterarán las mismas por la aplicación de la modificación propiciada.
Por otro lado, el proyecto no contempla la situación de las tarifas, dado que este tema formó parte de una ley especial donde se otorgan facultades al Gobierno para renegociar los contratos con empresas de servicios públicos, que el Congreso podrá aprobar o rechazar.
La iniciativa elimina el segundo párrafo del artículo 6 de la anterior ley, que se refería a las deudas contraídas con el sistema financiero, debido a las sucesivas normas dictadas tras la sanción de la emergencia económica y apunta a evitar colisiones entre disposiciones de diferente rango.
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