LA CÁMARA FEDERAL INVALIDARÁ LOS INDULTOS
La Sala I de la Cámara Federal porteña prevé declarar en forma inminente la inconstitucionalidad de dos de los diez decretos de indulto con los que Carlos Menem benefició, entre 1989 y 1990, a los jerarcas de la última dictadura militar y a los jefes de las organizaciones guerrilleras.
La decisión de los camaristas Gabriel Cavallo y Horacio Vigliani confirmará una resolución que tomó el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, en marzo del año pasado, en la causa en la que se investigan los delitos cometidos bajo la órbita del I Cuerpo de Ejército durante la dictadura. la sentencia se espera para el martes próximo, según confirmó a LA NACION un funcionario que interviene en el expediente.
Como el fallo se circunscribe a seis imputados en ese expediente -el ex jefe del I Cuerpo de Ejército Carlos Suárez Mason y los generales (R) Jorge Olivera Rovere, Juan Bautista Sasiaiñ, José Montes, Adolfo Sigwald y Andrés Ferrero (los últimos tres ya fallecidos)-, sólo afecta a los decretos 1002/89 y 2746/90.
El fallo de Canicoba Corral, el primero que impugnó los indultos, respondió a un dictamen del entonces fiscal Eduardo Freiler, hoy integrante de la Sala I de la Cámara. Por ese motivo, Freiler está excusado de intervenir en el expediente.
El eje de la resolución de Cavallo y de Vigliani será que las normas internacionales a las que adhiere la Argentina impiden el perdón de delitos de lesa humanidad, como los cometidos por los ex integrantes del I Cuerpo de Ejército. Ese también fue el fundamento principal del fallo de Canicoba Corral.
La inconstitucionalidad de los decretos de indulto también fue declarada por el juez federal Sergio Torres, en la causa por delitos cometidos en el centro clandestino de detención que funcionó en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).
El magistrado dictó la invalidez del decreto 1002/89, en lo referente a los marinos Antonio Vañek y Julio Torti. A diferencia de lo dispuesto por Canicoba Corral, Torres no ordenó la detención de los militares.
Superadas todas las instancias, la decisión final sobre la validez de los indultos estará a cargo de la Corte Suprema, que en estos momentos analiza la constitucionalidad de las leyes de obediencia debida y de punto final, anuladas por el Congreso en agosto de 2003 y la validez de la anulación legislativa de esas normas.
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