LA CÁMARA FEDERAL VOLVIÓ A LIBERAR AL EX POLICÍA MARCOTE
La Cámara Federal de Rosario volvió a excarcelar anteanoche al ex policía provincial Mario Marcote -alias El Cura-, procesado por 28 secuestros (25 de ellos seguidos de torturas) en la causa Feced, que investiga la represión ilegal en el sur santafesino durante la última dictadura militar.
La resolución objetó la nueva imputación de asociación ilícita agravada, delito por el cual el juez subrogante Carlos Vera Barros se preparaba para encartar a otros detenidos en el marco del grueso expediente.
La resolución de los camaristas, difundida a escasas horas de conmemorarse una fecha emblemática, los 29 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, fue repudiada ayer por los organismos defensores de los derechos humanos y funcionarios del gobierno provincial.
Incluso, Hijos-Rosario no descartó solicitar el juicio político de algunos miembros del cuerpo (ver aparte) que ya tienen un pedido de destitución presentado ante el Consejo de la Magistratura de la Nación por su accionar en la causa San Lorenzo.
La Cámara, con el voto de Carlos Carrillo, Jaime Belfer, Edgardo Bello y Sylvia Aramberri, se inclinó por la excarcelación de Marcote. Laura Cosidoy se abstuvo, mientras que su par Guillermo Toledo levantó la mano en disidencia. La incorporación de las dos mujeres al cuerpo fue otra de las novedades surgidas del edificio ubicado en Entre Ríos al 400.
Puntualmente, la Cámara le cuestionó a Vera Barros no especificar los cargos que le endilgó a Marcote. Según el artículo 210 bis del Código Penal, se trata de asociación ilícita agravada cuando, entre otros ítems, la acusación consiste en integrar una organización creada para atentar contra la Constitución, utilizar armas de guerra y pertenecer a alguna fuerza del Estado. La condena, de ejecución efectiva, es de entre 5 y 10 años de prisión.
Sin embargo, La Capital se hizo eco en los pasillos de los Tribunales de bulevar Oroño al 900 de algunas voces que, minimizando los argumentos de los camaristas, recordaron que el sindicado represor “era policía, tenía rango, cumplía un rol en una organización y portaba armamento”. Por eso se limitaron a definir la situación como “una simple demora”.
Al mismo tiempo, y pareciendo responder a la prolijidad demandada por la Cámara, el magistrado sometió ayer a una ampliación de indagatoria a los detenidos Ramón Vergara (ex policía provincial) y Ricardo Chomicki (civil), a quienes les especificó la imputación de asociación ilícita.
Pero habrá más: el lunes próximo será el turno del arrestado y procesado ex policía provincial José Lo Fiego (alias El Ciego o Mengele), mientras que el martes deberá hacer lo propio Marcote, quien nuevamente quedaría preso.
Marcote se había presentado ante Vera Barros el 24 de febrero pasado para cumplir con la citación a ampliación de indagatoria. Tras permanecer casi tres horas en el despacho, fue alojado en el Destacamento Móvil 2 de Gendarmería.
El acusado cayó preso por primera vez en septiembre de 2004. Pero en diciembre, y pese a la gravedad de los delitos que sustentaron el procesamiento dictado por el magistrado, la Cámara dispuso su liberación.
Por entonces, Carrillo, Belfer, Bello y Hugo del Pozo interpretaron que el mínimo de la escala penal para las imputaciones recibidas determinaba que no correspondía la detención.
El juez, quien denegó en principio la excarcelación, también le había impuesto a Marcote una caución real de 50 mil pesos (en efectivo o con bienes embargables) para poder quedar libre.
Pero el abogado Mario Belfer -hermano del camarista- solicitó una rebaja, argumentando que su defendido hacía cuatro años que estaba sin trabajo y que era beneficiario de un subsidio para desocupados de 150 pesos.
Respecto de la nueva ronda de ampliaciones de indagatorias, Vera Barros continuará el miércoles con el ex general Ramón Genaro Díaz Bessone, quien se desempeñó como comandante del II Cuerpo de Ejército, y el ex jefe de la policía provincial Luis Ramírez.
Nadia Schujman, del Equipo Jurídico de Derechos Humanos, aseguró que “a Marcote ahora lo liberan argumentando que la descripción de los delitos no encajan en una asociación ilícita agravada sino que se encuadran en el artículo 210 del Código que, al igual que lo ocurrido el año pasado, tiene tres años de mínimo de pena”.
“Entonces, aplicando ese mismo criterio, volvieron a excarcelar a Marcote”, prosiguió la abogada, quien también se quejó de que los camaristas “prácticamente le echan la culpa al juez, algo que creemos que no es así”.
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