LA CÁMARA PENAL DECIDIÓ QUE QUEDE A CARGO DE LA MAGISTRADA DE MAYOR COMPETENCIA

La jueza de instrucción María Luisa Pérez Vara debe seguir interviniendo en la investigación de la agresión que sufriera la militante cristiana Susana Ábalo en su casa de zona oeste el 21 de agosto del año pasado, cuando una pareja ingresó y le aplicó una sesión de torturas propia de un grupo de tareas de la dictadura, según la denuncia.

El sumario había sido girado al fuero correccional, en el que se persiguen delitos de menor jerarquía, pero la Alzada entendió que ante la posibilidad de un abuso sexual (a Ábalo le introdujeron un cepillo en la vagina) corresponde la continuidad del juez con mayor competencia, es decir Pérez Vara. Como consecuencia, podría ser indagada nuevamente la única imputada en la causa, la policía Claudia Mendoza, procesada por el ataque de octubre en la facultad de Derecho.

La resolución fue emitida por la sala IV de la Cámara de Apelaciones, integrada por Omar Paolicelli, Rubén Jukic y Guillermo Fierro. Los vocales no abordaron la cuestión de fondo; sólo opinaron sobre el conflicto de competencia que se generó entre la jueza de instrucción y su par del fuero correccional Adolfo Claverie, al que la primera pretendía cederle la investigación. El abogado de Mendoza, Fernando Cenci, dijo a El Ciudadano que todavía no lo notificaron y consideró una simple formalidad la ampliación de indagatoria.

Mendoza fue detenida y excarcelada por la jueza Graciela Sedda, quien terminó procesándola por las lesiones que Ábalo sufrió cuando estaba en un baño de la facultad, donde estudiaba abogacía (tras el secuestro de fines de abril decidió abandonar la carrera y la semana pasada dejó el país para instalarse en México). Como la víctima siempre dijo que el rostro de su agresora le resultaba parecido al de la mujer que entró en su casa el 21 de agosto, Mendoza también fue imputada en el expediente más antiguo, que no había logrado cosechar sospechoso alguno.

Para Censi, no hay ningún elemento de prueba contundente que demuestre la culpabilidad de su clienta. El letrado señaló además su preocupación por el seguimiento de la instrucción ahora que Ábalo viajó al exterior. “Íbamos a pedir medidas como la reconstrucción de los hechos, careos y otras pericias que no podrán realizarse”, deslizó.

Pérez Vara fue la segunda jueza penal en tratar la campaña contra la militante. Las primeras amenazas telefónicas, de julio de 2002, estaban bajo la lupa de Daniel Acosta, que en meses sucesivos acumularía otras denuncias similares.

El ataque en la casa de Ábalo se interpretó como el cumplimiento de aquellas intimidaciones. En esa época la mujer estaba en silla de ruedas y no pudo defenderse cuando una pareja entró a su casa, la vejó y la maltrató.El 10 de octubre una joven le tajeó el rostro, cuando tampoco podía resistirse. El caso quedó bajo la órbita de la jueza Sedda, que a principio de año detuvo a la policía Mendoza y en pocas semanas la procesó por lesiones. El juicio todavía no comenzó porque se está produciendo nueva prueba. El abogado Censi considera que esos elementos favorecen a la imputada y hasta es posible que Sedda revoque el procesamiento.

El 3 de diciembre a Ábalo le arrojaron una bomba incendiaria por la ventana de su cuarto, lo que le dejó heridas en las piernas. El 24 de abril a la tarde Ábalo desapareció de la facultad, donde estaba tomando clases.

Según contó a este diario, creyó ver desde el aula el rostro del hombre que entró a su casa el 21 de agosto, es decir el supuesto cómplice de Mendoza. Esta persona hizo un gesto con la mano dándole a entender que le cortaría el cuello. La denunciante salió en busca de su custodio, al que no encontró. Estuvo casi 30 horas desaparecida y recién la encontraron la noche siguiente en la estación de ómnibus de Belville, con golpes y quemaduras.