LA CAUSA DE LOS TRABAJADORES

Dos trabajadores y dirigentes gremiales que estuvieron detenidos ilegalmente entre 1977 y 1978 en la Fábrica Militar Domingo Matheu, edificio en el que hoy funciona la sede de la Jefatura de Policía de la Unidad Regional II, en Ovidio Lagos al 5200, reclamaron por primera vez ante la Justicia federal de Rosario que se investigue el funcionamiento de ese centro clandestino de detención en el que desaparecieron tres personas y en el que, se presume, habrían estado detenidos al menos siete más. Juan Rivero y Ramón Verón, presentaron el 30 de diciembre pasado un escrito ante la Justicia federal en el que solicitan que se abra una investigación en un tribunal rosarino ya que, hasta el momento, las únicas causas que se habían abierto referidas a estos casos se tramitaron en la Cámara Federal de Buenos Aires.

El pedido de apertura de esta causa inicia una nueva etapa en la investigación de los casos de violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura militar: la que tiene que ver con el destino de los trabajadores y militantes sindicales desaparecidos y de aquellos que, como Rivero y Verón, sufrieron detenciones y torturas pero a los que las estructuras gremiales oficiales nunca les ofrecieron el respaldo de la organización, por ejemplo, iniciando causas judiciales para averiguar por su destino final.

El dirigente de la CTA de Villa Constitución y ex preso político en la cárcel de Coronda, Victorio Paulón, presente en la conferencia de prensa que ofrecieron ayer los querellantes junto a organismos de derechos humanos, remarcó la necesidad de “ recordar que en los primeros años de la dictadura hubo grandes luchas de resistencia encabezadas por obreros que sufrieron la represión y ahora, con la nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final, es posible investigar qué pasó realmente con esos obreros y terminar con la era de los cómplices como Jorge Triaca (titular del gremio de los plásticos) que en el juicio a la Juntas dijo que no sabía que hubiera habido desaparecidos”.

La comisión de Derechos Humanos del Concejo Municipal también acompañó la presentación a través de la titular de la comisión, la edil socialista Patricia Lagarrigue.

Junto con la presentación de Rivero y Verón, los abogados del Equipo Jurídico de Derechos Humanos presentaron un reclamo para que retomen las actuaciones en la causa en la que se investiga el destino final de Daniel Gorosito, desaparecido en los primeros meses de la dictadura militar y que quedaran suspendidas con la sanción de las leyes de obediencia debida y punto final.

Erik Daza, el abogado patrocinante de Elida Luna, la esposa de Gorosito, señaló que el pedido, que recayó en el juzgado Nº4 a cargo de Omar Digerónimo, le reclama al juez que continúe con las investigaciones abiertas en el marco de la causa Feced que quedaron suspendidas en 1987 con las sanciones de las leyes de impunidad.

El expediente que investigó la desaparición de Gorosito también está vinculado con la denominada causa de la Quinta de Funes, uno de los tres lugares de la zona en que se mantuvieron secuestradas personas junto con El Castillo y La Española, por los que pasaron muchas de las personas que desaparecieron en los primeros años de la última dictadura militar.

Por esto, en la presentación se le solicita al juez que cite a declarar a los propietarios de estos tres lugares con el fin de que identifiquen propietarios anteriores en el caso de que no lo hubieran sido ellos durante la dictadura militar o bien, para que den cuenta de la relación que ellos mantuvieron con el Ejército y la Policía en ese período. En la presentación también se solicita que se investigue el funcionamiento de la escuela Magnasco, ubicada en Ovidio Lagos y Zaballos.