LA CAUSA JUDICIAL QUE INVESTIGA LA REPRESIÓN SE QUEDA EN SANTA FE

Todo indica que la causa en la que se investiga lo ocurrido en esta región durante la última dictadura se quedará en la ciudad de Santa Fe. El juez federal Reynaldo Rodríguez rechazó el planteo de incompetencia que había presentado el abogado defensor de uno de los siete procesados, quien esgrimió como argumento que las órdenes en aquella época emanaban del II Cuerpo de Ejército con sede en Rosario, por lo que las investigaciones debían ser efectuadas por un magistrado de aquella ciudad.

El juez Rodríguez desestimó el planteo porque consideró que éste se basa en meras suposiciones. De hecho, los siete procesados -y detenidos- niegan haber cometido los delitos de lesa humanidad que se les imputan. Entonces, el magistrado considera que no se puede hablar del lugar desde donde emanaron órdenes que, en teoría, y según el testimonio de los involucrados, no existieron.

Además, el magistrado consideró que las investigaciones deben continuar en Santa Fe por una cuestión de eficacia y ágil administración de Justicia. De tomar como válidos los argumentos del defensor, podría deducirse entonces que todas las causas vinculadas con la represión deben ser conducidas desde los tribunales de Comodoro Py, en Capital Federal, pues, en definitiva, el plan represivo partió desde el gobierno central, con sede en Buenos Aires.

Delito autónomo
Otro de los argumentos planteados por Rodríguez para desestimar el pedido del defensor es que, entre otros delitos, los detenidos están procesados por asociación ilícita. Esta asociación se generó en Santa Fe y representa un delito autónomo, más allá de los ilícitos que se hubieran cometido a partir de ella.

El planteo de incompetencia fue presentado por el defensor público oficial, Juan de Dios Moscoso, quien representa al militar retirado Domingo Marcelini -actualmente con prisión domiciliaria en Mendoza.

Lo primero que hizo Rodríguez, luego de recibir este planteo, fue comunicarlo al fiscal Eduardo Grioglio y a los querellantes de la causa. En ambos casos, recibió como respuesta que el expediente debía continuar en el juzgado santafesino.

Para el abogado Juan de Dios Moscoso, las medidas represivas puestas en práctica en Santa Fe surgieron de órdenes emanadas desde el II Cuerpo de Ejército. Marcelini se desempeñaba por aquellos años como jefe del destacamento de Inteligencia 122.

Por esta misma causa están detenidos y procesados el ex juez federal Víctor Hermes Brusa, los policías Héctor Romeo Colombini, Eduardo Ramos y María Eva Aebi, y los militares Juan Calixto Perizzotti, Nicolás Correa y Domingo Manuel Marcelini.

Todos los procesamientos están apelados, por lo que se espera la decisión de la Cámara Federal de Rosario en este sentido.

Estrategia dilatoria
El abogado Jorge Pedraza, querellante en esta causa, consideró que “la pretensión de la defensa es una clara estrategia dilatoria para alejar en el tiempo la condena de los imputados y la elevación de la causa al Tribunal Oral Federal, quizás especulando con un marco político más favorable.

“Se pretende -agregó- cambiar el eje de la discusión, demorando la decisión judicial sobre el encarcelamiento del coronel Rolón y de los restantes miembros del destacamento de Inteligencia 122, como el coronel Héctor Melitón Martínez (`Nolo’) y los capitanes Julio César Domínguez (`Potín’), Domingo Morales, Alberto José Jaime y Carlos Gustavo Fontana. Lo mismo ocurre con el ex gremialista de la Uocra apodado `Quique’, brazo derecho del ex diputado Gaziano, cuyas detenciones fueron solicitadas en febrero de este año. También se busca demorar la investigación sobre el centro clandestino de detención de Villa California, que denunciara el matrimonio García”, agregó.