LA COMUNIDAD JUDÍA PIDE QUE EL ATENTADO SEA DELITO DE LESA HUMANIDAD

Triquiñuela, argucia, artimaña”, es la definición que el diccionario concede a “chicana”. Ese fue el término que esgrimió el presidente Néstor Kirchner para descalificar al padre de una joven muerta en la AMIA por pedir que los legisladores avancen en el castigo al financiamiento del terrorismo con el mismo ímpetu que aplicaron en la ley de superpoderes.

El encuadramiento de ese delito es una deuda con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y el Parlamento fue emplazado a saldarla antes de marzo próximo. El texto debería definir qué se entiende por “acto terrorista”, como sucede en el proyecto del diputado kirchnerista Jorge Argüello. Y podría trazar una vía indirecta de acceso al nudo central del reclamo formulado por la comunidad judía al conmemorar 12 años del atentado perpetrado en su sede central por presuntos terroristas islámicos: el reconocimiento del hecho como “crimen de lesa humanidad”, y por lo tanto imprescriptible.

Legisladores oficialistas y opositores consultados por Clarín coincidieron en atribuir a la ausencia de una tipificación expresa de terrorismo en el Código Penal los riesgos ciertos de caducidad de las causas sobre las voladuras de la AMIA y la Embajada de Israel —ocurrida hace 14 años— que siguen en la nebulosa. Donde se bifurcan los caminos es en las fórmulas para llenar el vacío.

Los que sintonizan con el pensamiento de Kirchner acompañan su viraje: la Casa Rosada parece haber reemplazado las promesas de promover una ley antiterrorista por el señalamiento de una ristra de convenios internacionales firmados por el país, a los que podría echar mano la Justicia para asimilar ambos atentados a delitos de lesa humanidad. Esa postura choca con la jurisprudencia de la Corte Suprema, que sólo otorga chapa de no prescripción al terrorismo de Estado.

En cambio, los que promueven leyes específicas para combatir terrorismos de todo tipo —de origen estatal o sectorial—, están por el momento en minoría. Son los casos del los diputados macristas Eugenio Burzaco y Federico Pinedo, el peronista disidente Cristian Ritondo y el radical Federico Storani, que convirtió su definición de terrorismo como uso de la violencia “para aniquilar voluntades” en eje del debate anticipatorio de marzo de 2005, al ratificarse la Convención Interamericana contra el Terrorismo.

Aunque la adhesión a ese tratado —firmado en Barbados en 2002— fue testimonial, sacó a luz la dificultad para criminalizar grupos paraestatales. La disyuntiva que quedó planteada es si pueden distinguirse acciones terroristas ilegítimas de otras presuntamente legitimadas por la resistencia a la opresión.

El ex trotskista Luis Zamora puso el dedo en la llaga de las contradicciones justicialistas. Recordó que Kirchner pidió la aprobación del tratado para condenar terrorismos “de cualquier origen” y preguntó si Perón actuó igual ante el asesinato del general Aramburu por parte de los Montoneros.

De hecho, muchos sospechan que el Gobierno cajoneó una ley antiterrorista para evitar que salpique a miembros de su tropa que integraron organizaciones armadas en los 70, incluso en democracia. Si sus acciones violentas son asimiladas a los delitos de lesa humanidad, la Justicia podría derogar los indultos que el menemismo otorgó, entre otros, al diputado oficialista Miguel Bonasso.

Con aires de librepensadora, la diputada kirchnerista Rosario Romero avisó que desde la presidencia de la Comisión de Legislación Penal tipificará el terrorismo. ¿La dejarán?