LA CONSTRUCCIÓN EVADIÓ EN 5 AÑOS MÁS DE $7 MILLONES DE TASA MUNICIPALES EN ROSARIO

En sólo cinco años, el municipio se perdió de cobrar más de 7 millones de pesos en gravámenes por los edificios construidos que no tramitaron final de obra. Así lo reveló el informe de la comisión especial creada en el Concejo Municipal para investigar las irregularidades “detectadas o a detectarse” en la Dirección General de Obras Particulares. Inspecciones que no llegan, expedientes extraviados sin investigación, construcciones que se elevan por sobre lo permitido o violan los límites de edificación, omisión de datos y trámites inconclusos forman parte del menú de anomalías denunciadas.

Tras un año de investigación, la comisión llegó a la conclusión de que la dependencia municipal resulta “ineficiente e ineficaz, tanto desde el punto de vista del escaso recurso humano, cuanto de la deficitaria política de contralor con que funciona, para contener y conducir la obra privada en la magnitud con que ésta se desarrolla”.

La comisión se formó el 7 de noviembre del año pasado y fue integrada por Jorge Boasso (mentor de la propuesta), Oscar Urruty, Agustín Rossi, Gustavo Gerosa y Eugenio Camiletti. La idea surgió a partir del escándalo desatado en septiembre por la construcción de un edificio con tres pisos más de los que permitía el código de edificación, en Laprida 1818.

Lo curioso fue que ese mismo constructor, Roberto Ciccioli, denunció luego que se lo había convertido en un chivo expiatorio y que la contravención cometida (lo dijo públicamente y consta en el informe) “no es única de Roberto Ciccioli, muchos empresarios de la construcción la han cometido, y hay muchas obras que tienen más de dos o tres pisos antirreglamentarios, sobre todo en la zona de la costa”.

Después de un año, el grupo de concejales elaboró un extenso documento donde se concluye que entre agosto de 1997 y diciembre de 2002 se tramitaron 7.173 expedientes para regularizar casi un 1,5 millón de metros cuadrados “sin ningún control por parte de la Municipalidad”, y de los que “no existe registración sobre sus características reglamentarias o antirreglamentarias”.

De esos expedientes, 2.138 (algo más de 700 mil metros cuadrados) no obtuvieron final administrativo por no abonar la tasa de servicios técnicos, o sea que el municipio dejó de cobrar 756.555 pesos.

Pero la pérdida mayor estaría en la tasa general de inmuebles, por la que los concejales calculan que la evasión sería de 6,7 millones de pesos.

Entre el material estudiado, la comisión investigadora procesó todos los datos de los años 1998 y 1999, por tratarse de períodos en los que no hubo regularización especial y teniendo en cuenta “el tiempo de construcción de una obra a mayo de 2003”. En estos dos años se tramitaron 4.595 expedientes por una superficie total de 1.6 millón de metros cuadrados, de los cuales solamente 946 (algo más de 245 mil metros cuadrados) fueron tramitados como obra nueva y obtuvieron final de obra.

Pero lo llamativo para la comisión fue que “en ninguno de los casos constan inspecciones realizadas y, en la mayoría, uno o a lo sumo dos agentes municipales intervienen únicamente en toda la tramitación. En ningún expediente consta la visación del director general; en la casi totalidad falta la ficha de libre deuda extendida por la Dirección General de Finanzas, o es de fecha posterior al permiso otorgado o al final de obra”.

Obras Particulares tiene 26 inspectores, incluyendo directores, para cubrir las 21 secciones catastrales. El criterio para la inspección de una obra en construcción se fija “en función de la complejidad” de esa obra, y tienen prioridad las cuestiones que apuntan a “resguardar los derechos de los linderos y a velar por la seguridad de terceros”, tal cual lo explicó oportunamente el director general, Eduardo González.

Para los concejales, este criterio no permite prevenir las construcciones sin permiso, ya que basa las inspecciones en una complejidad que sólo se conoce si la obra se está construyendo con permiso. Es más, una obra que se edifica con permiso pero que para Obras Particulares no es “compleja” puede ser “desvirtuada”, como en el caso del edificio de Laprida 1818.

Mientras tanto, un “rápido recorrido de la zona comprendida entre Ovidio Lagos, 27 de Febrero y el río permite comprobar que el 90 % de las obras en construcción no poseen cartel de obra, o si lo poseen, no figura el número de permiso de edificación”, dice el documento.

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La comisión estudió numerosos casos en los que encontró alguna irregularidad. Como ejemplo, puso la construcción de Alvear 1220, una obra “de 1.522 metros cuadrados de dependencias, 18 de galería, 96,46 de oficina y 36,12 de local, en dos bloques con planta baja y tres pisos más azotea”, tramitada como “obra nueva”.

En un estudio del expediente, los concejales advierten que “el otorgamiento de permiso de edificación de obra nueva se produce sin realizarse ninguna inspección”. Luego se observa que la obra fue construida “de acuerdo al trámite otorgado, en 44 días, plazo que media entre el permiso de edificación y el de final de obra. El permiso de edificación fue otorgado sin que la Dirección General de Finanzas informara el estado de cuenta del inmueble, y el final de obra se otorgó sin que se informara sobre la existencia del libre deuda”.

Pero lo más sustancioso es que la inspección llegó tras el final de obra, en junio de 1994, y se le aplicó una multa porque no se había respetado la línea de edificación reglamentaria. Es decir, sobre el hecho consumado llegó la multa, después de que se aprobara un plano y se otorgara un permiso sin que el proyecto respetara el retiro a nueva línea de edificación.