LA COPARTICIPACIÓN FEDERAL DIVIDIÓ LAS AGUAS EN LA CUMBRE DE LA UCR

El radicalismo insistió en sus reproches al proyecto oficial de coparticipación federal de impuestos pero dejó en libertad de acción a sus gobernadores para que fijen posiciones “con autonomía y profundo espíritu patriótico”.

Esa flexibilidad estuvo prefijada desde la iniciación de las deliberaciones realizadas en esta capital por el Comité Nacional porque las posturas de los gobernadores de la UCR son divergentes: Julio Cobos, de Mendoza, anticipó que firmará mañana el acta de coparticipación propuesta por el Gobierno central, como ya lo hizo Jorgre Colazo, de Tierra del Fuego. Pero Ricardo Colombi, de Corrientes, aseguró que “si la Nación no evacua las dudas, será difícil avanzar”.

De todos modos, los gobernadores formularán sus observaciones al documento oficial según las características de cada región, que también serán planteadas durante el debate en el Congreso.

Entonados por una convocatoria de 400 dirigentes nacionales y locales para debatir políticas de desarrollo, los radicales se entusiasmaron con el discurso opositor planteado por su presidente, Angel Rozas. “Es responsable y no demagógico (…) con los ojos bien abiertos para prevenirnos de un gobierno sin planes, que improvisa”, puntualizó Rozas.

El ex gobernador chaqueño dijo a Clarín que la propuesta de coparticipación del Gobierno puede convertirse en “un nuevo pacto fiscal, una mera distribución de los ingresos, y no una ley con equidad que corrija las asimetrías”. Del mismo modo, se expidió el senador nacional Gerardo Morales, de Jujuy, quien advirtió que si los gobernadores no establecen claramente sus diferencias con el proyecto, “estarán comprometiendo el futuro de sus provincias en los próximos 10 años”.

Del encuentro surgieron tres documentos. Sobre la coparticipación de impuestos, remarcaron que el acta-acuerdo ofrecida por el Gobierno “no tiene suficientes precisiones ni alcanza el grado de tratamiento y profundidad que debiera tener”.

Propusieron una garantía de distribución de los recursos totales, un fondo compensador de desarrollo social que determine cómo será su financiamiento, aclaraciones puntuales sobre el ordenamiento fiscal de las provincias y la inclusión de la deuda de provincias y municipios.

En cuanto a las políticas sociales, volvieron a cuestionar los programas de “puro asistencialismo” que “se continúan hoy para sustentar la dádiva demagógica y disimular la ausencia de reformas estructurales de los servicios sociales”.

La seguridad abarcó una docena de ofertas. Apuntaron a la creación de un Consejo de Seguridad Ciudadana que defina la política del Estado. Pero fue Raúl Baglini quien puso el acento final: dijo que Buenos Aires tiene 52 mil efectivos de seguridad (Policía, Prefectura, Gendarmería) con una proporción de 1 cada 250 habitantes “sin parangón en el mundo”. Por eso sostuvo que “primero hay que hacer certero y confiable al sistema y después discutir las políticas de equipamiento”.