LA CORTE AVALÓ LA PESIFICACIÓN

La Corte Suprema de Justicia está analizando en su acuerdo ordinario, un dictamen del procurador general, Esteban Righi, que aconseja avalar la pesificación de los plazos fijos en dólares tras la devaluación de principios de 2002.
Según voceros del Palacio de Tribunales, ya habría 5 votos a favor del dictamen que avala la pesificación.

Un nutrido grupo de ahorristas se apostó desde temprano en las escalinatas del Palacio de Justicia para protestar contra la eventual sanción del fallo.

Los siete ministros participan del acuerdo. Fuentes judiciales consultadas insistieron en que el tema “se tratará hoy” pero no pudieron asegurar que la sentencia salga efectivamente hoy.

Antes de conocerse la reunión, el ministro de la Corte Suprema Carlos Fayt aseguró esta mañana que “probablemennte sí” el cuerpo trate durante la jornada de hoy un planteo en contra de la pesificación de depósitos, al tiempo que señaló que para que haya acuerdo al respecto, la cuestión tiene que ser “comentada” entre todos los integrantes del Tribunal.

El caso es el de un grupo de ahorristas de Paraná que reclaman la devolución de alrededor de un millón y medio de dólares y que cuenta con el fallo favorable de la Cámara Federal de esa ciudad, que declaró la inconstitucionalidad de todas las normas pesificadoras.

Pero, en su dictamen, presentado ante la Corte el viernes a última hora, el procurador general de la Nación, Esteban Righi, recomendó a los ministros revocar ese fallo y convalidar la pesificación de los depósitos tras reivindicar los alcances de la emergencia económica.

Aval oficial

El procurador general de la Nación, Esteban Righi, firmará hoy un nuevo dictamen que avala la pesificación decidida por el gobierno de Eduardo Duhalde, pero esta vez en referencia a los préstamos hipotecarios entre privados.

El pronunciamiento del fiscal de la Corte Suprema establece, además, que los bancos no deberían recibir compensaciones por el dinero que puedan considerar que perdieron con la medida.

La causa en la que se expedirá el procurador es la caratulada “Pérsico, Luigi c./Maffuli, Ciro y otro”, en la cual el alto tribunal decidió volver a enviar el expediente a la procuración.

En ese expediente ya hubo un dictamen del procurador interino, Luis González Warcalde, que llevó la transición entre Nicolás Becerra y Righi. Los ministros decidieron que lo dicho por González Warcalde no se expedía suficientemente sobre la cuestión y pidió a Righi que fijara la posición del Ministerio Público.

Augusto Belluscio, Antonio Boggiano, Juan Carlos Maqueda, Raúl Zaffaroni y Elena Highton de Nolasco fueron quienes resolvieron insistir ante la procuración, argumentando que debía obtenerse “una decisión sobre una cuestión que tiene en vilo a una gran cantidad de acreedores y deudores hipotecarios”.

La decisión a la que se acerca Righi está íntimamente relacionada con la teoría del “esfuerzo compartido” que viene siendo aplicada por las diversas cámaras de la Capital Federal, y que estipula que ambos contratantes deben perder por igual ante la situación de emergencia del país que requiere el esfuerzo de sus ciudadanos para ser solucionado.

El viernes pasado Righi ya se había pronunciado en favor de la pesificación al dictaminar que la Corte debía revocar una sentencia que disponía que se le devolvieran dólares a unos ahorristas de Entre Ríos.

El procurador en ese expediente explicó que fue analizada dentro del contexto de extrema gravedad institucional toda la normativa que amparó que la pesificación es constitucional.

“Paulatinamente, el Estado adoptó mecanismos que permitieron destrabar una crisis de inusitadas proporciones, tal como surge de los motivos que fundamentan las normas indicadas en el apartado anterior”, dijo Righi.
En ambos casos ahora será la Corte la que deberá decidir el destino de los dictámenes. Si bien hoy el tema puede ser objeto de debate en el acuerdo semanal ordinario, parece imposible que nada pueda resolverse.

El recuento de votos en favor de emitir ahora un fallo pesificador no cierra por ninguna parte. Como primera medida hay dos ministros que faltan, uno designado que se resiste a asumir y otro en período de impugnaciones establecido por el decreto 222/03, de autolimitación.

En concreto son siete jueces. De ellos el presidente Enrique Petracchi esta excusado en todos los temas que implican el corralito.

Antonio Boggiano y Juan Carlos Maqueda son fervientes pesificadores; Augusto Belluscio podría adherir en algunas causas, pero se excusaría en otras, justamente en lo referido a créditos hipotecarios; Elena Highton de Nolasco también necesita que se den algunas condiciones para adherir a la mayoría; Eugenio Zaffaroni, por ahora, no quiere saber nada con ese fallo, y Carlos Fayt, menos todavía.

En tales condiciones las posibilidades de que se emita una sentencia en ese sentido durante este año es casi nula. Los que conocen fluidamente los pasillos del cuarto piso del Palacio de Justicia, ponen una fecha, la segunda quincena de febrero del 2005, y por ahora todo indica que los asiste la razón.