LA CORTE DICTARÁ UN FALLO POR LA CONTAMINACIÓN DEL RIACHUELO

La Corte Suprema convocará en las próximas horas a una multitudinaria audiencia por la contaminación del Riachuelo, a la que deberán concurrir los representantes de los gobiernos nacional, de la Ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires, además de muchas de las principales empresas radicadas en el país.

En rigor, estaba previsto dictar hoy mismo la resolución, en coincidencia con la Semana del Medio Ambiente y también con el inicio de la audiencia que se realizará, a partir de hoy, en la Corte Internacional de Justicia de La Haya por la instalación de las papeleras en Fray Bentos. Sin embargo, un problema técnico demoró el fallo hasta la próxima semana.

Se calcula que la audiencia se realizará en el segundo semestre y se descuenta que será multitudinaria porque deberán concurrir los representantes de los tres gobiernos y de las 45 firmas demandadas.

El reclamo por la contaminación de la cuenca Matanza-Riachuelo fue planteado hace dos años por unos setenta vecinos que se consideraron afectados.

Pero el planteo no avanzó demasiado hasta que el presidente Néstor Kirchner dijo en Alemania, durante la cumbre Europa-América latina, que el problema ambiental era una prioridad del Gobierno y les reprochó a los líderes europeos y a los empresarios tener un doble discurso en el Viejo Mundo y en nuestro país.

Hace un mes, entonces, la Corte incorporó la cuestión a su propio temario y comenzó a estudiar en profundidad la demanda, que desde que fue planteada hasta la fecha ya obtuvo el apoyo de otros cien vecinos afectados por la contaminación de la cuenca, que se extiende a lo largo de 64 kilómetros y cuya zona de influencia alcanza a 4,6 millones de personas.

La demanda, que cuenta con el patrocinio del jurista santafecino Jorge Mossert Iturraspe, está dirigida contra los gobiernos nacional, porteño y bonaerense, y además contra 45 empresas de primera línea, entre las que figuran varias compañías petroleras (Shell, YPF, EG3, Sol Petrol y Dapsa, entre otras), la petroquímica Indupa, el supermercado Coto, Aguas Argentinas y varias curtiembres.

Reclamos

Los vecinos solicitan que los tres estados y las empresas los indemnicen por los daños que sufren cotidianamente, que se recomponga el medio ambiente y, además, que se cree un fondo de compensación ambiental, que fue establecido por la ley 25.675, para que el Poder Ejecutivo diseñe una política ambiental y se puedan realizar obras de saneamiento.

La demanda presenta algunos problemas. Por ejemplo, no demuestra exactamente cuáles son los daños que sufrió cada vecino o en qué medida cada una de las empresas demandadas afecta al medio ambiente, pues es de suponer que no todas lo contaminan en igual medida.

En la Corte también objetan que la presentación no fue acompañada de un peritaje técnico expresamente efectuado para darle sustento al reclamo de los daños y para aclarar el proceso de contaminación o dictámenes médicos que indiquen qué enfermedades padece cada persona.

En un primer momento se pensó en rechazar el planteo, pero lo cierto es que la cuenca está contaminada y que, por estos días, el tema ambiental adquirió otra dimensión.

Con celeridad

Como anticipó LA NACION hace quince días, la cuestión comenzó a ser estudiada en la Corte con celeridad y ayer los ministros le dedicaron al tema buena parte del acuerdo, que no se celebró en el habitual lugar de reunión -porque los gritos de la manifestación en favor del piquetero Raúl Castells que llegaban desde la calle lo impedían-, sino en el despacho de la vicepresidenta de la Corte, Elena Highton.

La idea de la Corte es la de sustanciar esta demanda, que dará lugar a un trámite prolongado, pero sin ahogar financieramente ni a los estados ni a las empresas. “No vamos a quebrar a nadie”, explicó ayer uno de los ministros a LA NACION.