LA CORTE ORDENÓ INVESTIGAR LA PRESCRIPCIÓN DE SIETE CAUSAS

La Corte Suprema de la provincia ordenó investigar administrativamente sonados casos de corrupción que tras años de trámite prescribieron o están a punto de hacerlo. Sin que se trate todavía de un sumario interno, los voluminosos expedientes pasarán bajo la lupa de los presidentes de las cámaras penales de Rosario, Santa Fe y Rafaela. Algunas de las siete causas que estudiarán los funcionarios, para establecer si jueces y fiscales actuaron irregularmente, son la estafa IBM-Banco de Santa Fe, el cohecho de Fibraca, el fraude a la Caja de Jubilaciones y las operaciones ilícitas atribuidas al ex vicegobernador Antonio Vanrell.

La decisión de la Corte fue adoptada en el acuerdo del 17 de mayo pasado, aunque hasta ahora no había trascendido. A una semana del lanzamiento del Plan Estratégico de reforma del Poder Judicial, los seis ministros y el procurador general subrogante, Miguel Ángel Molinari, suscribieron la resolución sobre los controles internos que habían pedido en julio de 2005.

En efecto, el 27 de julio pasado el máximo tribunal requirió a las cinco cámaras penales de apelaciones de la provincia informes sobre las fechas de inicio, el estado procesal y las etapas más significativas de causas de “trascendencia institucional y social”. Es que en el primer semestre de ese año, a partir de una reforma al Código Penal que modificó el régimen de prescripciones, comenzaron a extinguirse emblemáticos casos de corrupción que llevaban 10 y 20 años de trámite en los tribunales santafesinos.

Los informes fueron remitidos al cuerpo presidido por Rafael Gutiérrez, aunque algunos debieron ser ampliados por pedido del procurador Jorge Bof. Finalmente, hace pocas semanas el jefe del Ministerio Público se expidió. “Conforme a lo dictaminado (por Bof) son varios los informes que dan cuenta de situaciones de las cuales podrían derivarse consecuencias en el orden administrativo, por lo que propone la realización de sendas investigaciones a los fines de su adecuada dilucidación”, fue la sutil redacción que eligieron los ministros de la Corte para referirse a la necesidad de revisar los polémicos expedientes.

La instrucción fue asignada a los presidentes de las Cámaras de Santa Fe, Julio De Olazábal; de Rosario, Elena Ramón; y de Rafaela, Ángel Doro. No se detectaron por ahora “situaciones con consecuencias administrativas” en las circunscripciones Nº 3 y 4 (Venado Tuerto y Reconquista). Los camaristas mencionados, siguiendo el fallo, “deberán orientarse al análisis de las vicisitudes registradas en la tramitación” de siete causas y elevar sus conclusiones en un plazo de 90 días. Entonces la Corte decidirá si abre sumarios administrativos.

DETALLES DE LAS SIETE CAUSAS

-“Carlos Aurelio Martínez y otros sobre incumplimiento de deberes de funcionario público”. El ex intendente de la ciudad de Santa Fe y ex vicegobernador durante la gestión de José María Vernet fue condenado en marzo de 2003 a tres años de prisión efectiva pero en junio de 2005 la Cámara ratificó la prescripción en el marco de la reforma del Código Penal sancionada seis meses antes.

– “Miguel Ángel Foressi y otros sobre incumplimiento de deberes de funcionario público, etc”. Más conocida como causa Vanrell, que involucra al ex vicegobernador durante la gestión de Víctor Félix Reviglio. La pesquisa, por varios delitos como falsificación de documento público y peculado, comenzó el 30 de abril de 1990. La prescripción fue confirmada por la Cámara, que hace poco rechazó el recurso de inconstitucionalidad de la Fiscalía.

– “Edgardo Gabriel Storni y otros sobre abuso sexual”. Este sumario compromete al ex arzobispo de Santa Fe, procesado por el juez de instrucción Eduardo Giovannini, en una resolución luego confirmada por la sala IV de la Cámara. El religioso que ahora vive en Córdoba fue denunciado por un ex seminarista.

– “Edgardo Lucca y otros sobre omisiones funcionales reiteradas”. Más conocida como la causa de la Caja de Jubilaciones de la provincia. Lucca fue director del organismo, en el que se habrían cometido diversas estafas y maniobras de vaciamiento. Este caso fue de los primeros en prescribir.

– “IBM-Banco de Santa Fe sobre administración fraudulenta”. Prescribió a mediados del año pasado en la sala I de la Cámara pero la apelación de la Fiscalía logró dar vuelta la extinción del sumario, iniciado hace 12 años. Sin embargo, el juez de Sentencia Julio García no pudo desde diciembre –cuando falló la Corte– tomar ninguna medida porque no le devuelven el expediente.

– “Mario Lisandro Brebbia y otros sobre cohecho”. El caso Fibraca es uno de los más antiguos: comenzó hace 19 años. En mayo de 2005 el juez de Sentencia Luis Giraudo dictó la prescripción y esta quedó firme. Durante casi dos décadas se investigó el supuesto pago de dádivas con cheques de directivos de la empresa de servicios públicos a concejales para condicionar su voto y lograr una contratación directa.

– “Causa Muriel” (sin carátula). El caso se originó en 1990 en Rafaela a partir de la destitución del intendente de entonces, Rodolfo Muriel, quien promediaba su tercer mandato en nombre del Movimiento de Afirmación Vecinalista. El Concejo lo apartó del cargo después de que se comprobaran irregularidades en contratos de obras públicas con una empresa constructora de la misma ciudad.

ADEMÁS, SEGUIRÁN DE CERCA OTROS SUMARIOS

El acuerdo de la Corte Suprema del 17 de mayo también se refiere al resto de las causas informadas por las cámaras de apelaciones el año pasado, que no serán materia de minuciosa investigación por el momento. Los presidentes de las alzadas penales de las cinco circunscripciones, de acuerdo a lo dictaminado por el procurador general Jorge Bof, deberán seguir y dar cuenta de su trámite al alto tribunal.

Según fuentes judiciales consultadas por El Ciudadano, algunos de esos sumarios –en el plano local– corresponden a las investigaciones de los homicidios de diciembre de 2001 y a la tristemente célebre causa “Banco Río”. Esta investigación, –por los delitos de cohecho, defraudación, falsedad ideológica de instrumento público y estafa– se inició en marzo de 1993 y aún no ha concluido. La sala III de la Cámara debe confirmar o revocar el fallo del juez de Sentencia Julio César García, que en marzo del año pasado sobreseyó por prescripción a los tres abogados involucrados en la maniobra pero condenó a dos años de prisión de ejecución condicional al ex camarista penal José Tenedini por cohecho.