La Corte ordenó medidas para la transición procesal

La Corte Suprema de Justicia de la provincia formó una comisión para establecer las bases de la transición procesal penal, en términos de causas pendientes y recursos necesarios, y abrió un registro para que el personal indique si desea pasarse al nuevo sistema o continuar trabajando con el anterior, en los trámites remanentes.

En su acordada de ayer, el Tribunal avanzó en dos de las cuestiones que le competen específicamente, conforme a la ley 13.004, que regula el período de transición entre la entrada en vigencia a pleno del nuevo sistema y la resolución definitiva de los expedientes iniciados con el anterior.

La ley establece un período de tres años, cuyo punto de inicio estaría dado, como última fecha posible, el 1º de febrero de 2011. No obstante, ésta fecha puede ser relativizada por dos factores. En primer lugar, es el tope: el Poder Ejecutivo está habilitado para disponer la plena vigencia del nuevo Código en cualquier momento, siempre que sea antes de ella. Por otra parte, y en segundo lugar, hay serias dudas sobre que para ese momento el Estado esté en condiciones de sujetar todas las causas al juicio oral, ante el excesivamente paulatino ritmo que lleva la habilitación de la infraestructura edilicia requerida, más los recursos técnicos y humanos necesarios. Hasta el momento, la fecha ya fue corrida en dos oportunidades, a través de pronunciamientos de la Corte en primer término y sanciones legislativas después..

Conclusión de causas

De acuerdo a lo resuelto ayer, la comisión encargada de establecer cuántas causas quedarán pendientes al iniciarse a pleno el nuevo sistema -el presidente de la Corte, Rafael Gutiérrez, dijo a El Litoral que se estiman unas 400 mil- y cuántos jueces y personal se necesitará para llevarlas a término, estará conformada por el procurador general, los presidentes de las cámaras penales y el secretario de Gobierno del Tribunal.

Esta “Estructura Judicial de Conclusión de Causas” (art. 6 ley 13.004) deberá también establecer un cronograma sobre el destino de los órganos judiciales abocados a la transición, que puede ser la disolución, afectación a otras competencias, transferencia al nuevo sistema o tramitación de causas viejas remanentes. El resultado de este trabajo será enviado al Comité de Gestión de Conclusión de Causas, que estará integrado por un ministro de la Corte.

Por otra parte, funcionarios y empleados podrán anotar en el registro creado si optan por ingresar al Ministerio Público de la Acusación o al Servicio de Defensa, o a las nuevas oficinas de gestión, o si permanecen en el sistema de conclusión de causas. La decisión definitiva al respecto la tendrá la Corte, en función de las necesidades de cada área.