LA CORTE QUIERE FIJAR FECHA PARA DEBATIR LAS LEYES DE OBEDIENCIA DEBIDA Y PUNTO FINAL

La Corte Suprema analizará el próximo martes, en su primer acuerdo tras la feria judicial, en qué momento se expedirá sobre la constitucionalidad de las leyes de obediencia debida y de punto final, informaron ayer fuentes del tribunal.

La intención de la Corte es dar certidumbre sobre la fecha en que se conocerá el fallo del cual depende la suerte de los militares requeridos por la justicia española por violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura.

Habría una virtual decisión tomada de tratar el tema con una formación de nueve ministros, en lugar de los ocho que componen actualmente el tribunal tras la renuncia de Julio Nazareno.

La postura mayoritaria -según las fuentes- se inclina por esperar que se integre Eugenio Zaffaroni, si el Senado aprueba su pliego. Eso ocurriría los primeros días de septiembre, según los plazos legales.

La otra variante que analizarán los ministros será la de designar a un conjuez para tratar el tema. La Corte designó recientemente a un conjuez pero para resolver la causa de un preso que reclamó su libertad. Pero se trató de un caso específico de tramitación urgente: los pedidos de excarcelación tienen plazos perentorios en todas las instancias judiciales.

“Esa votación debe darse entre nueve ministros y no hay apoyo para convocar a un conjuez”, explicó uno de los integrantes del Tribunal a la agencia Télam.

Zaffaroni calificó ayer, en un reportaje publicado por el diario El País, de España, como “muy peligroso” que la justicia argentina facilite las extradiciones de militares amparados en las leyes exculpatorias. Es pública la posición contraria a esas normas del penalista propuesto por el presidente Néstor Kirchner para la Corte.

Para septiembre podría ocurrir también que el juez Eduardo Moliné O´Connor haya sido suspendido en su cargo, tal como promoverán los diputados que promueven su enjuiciamiento por mal desempeño. El dictamen acusatorio, con durísimos términos, se conoció ayer.

Sin presiones

Las fuentes de la Corte que difundieron la intención de resolver pronto cuándo se debatirán las leyes indicaron que no consideran una presión el pronunciamiento público del presidente Kirchner, que expresó anteayer que en su opinión los militares acusados debían ser juzgados en la Argentina y se manifestó contrario a las leyes de obediencia debida y punto final.

Tampoco interpretaron como una “presión” la eventual sanción de una ley del Congreso que declare la nulidad de ambas normas, y más aún, estimaron que ello significaría “un papelón institucional”.

“¿En qué cabeza cabe que el Congreso diga que es nula una ley que el mismo Congreso sancionó tiempo atrás? La puede derogar y de hecho ya lo hizo, pero anularla sería un papelón institucional que no tiene antecedentes”, opinó un vocero del tribunal citado por DyN.

La fuente reconoció que una eventual anulación de las leyes “podría ser cuestionada por la vía judicial”, lo que abriría un nuevo e intrincado camino que, nuevamente, debería ser resuelto por la Corte.

Antes de la feria judicial, había mayoría de cinco votos a favor de declarar válidas las leyes cuya inconstitucionalidad dictaron ya varios jueces federales en causas por violaciones a los derechos humanos.

Incluso, circuló el borrador de un fallo que las avalaba. Pero los cambios en el tribunal podrían modificar también la composición del voto, analizaron las fuentes.