LA CORTE RECHAZA PRESIONES Y SE TOMA TIEMPO POR LAS LEYES

En una clara respuesta al presidente Néstor Kirchner, la Corte Suprema salió a aclarar ayer que está trabajando en el planteo sobre la validez o inconstitucionalidad de las leyes de perdón, pero que se tomará su tiempo para analizar el tema “sin ningún tipo de presión”.

Tras un plenario de más de tres horas, el primero tras la feria judicial, los jueces coincidieron en la necesidad de elaborar un comunicado (algo inusual) para informar qué se había discutido a puertas cerradas. “La Corte no es ajena a las opiniones publicadas en los medios masivos de comunicación ni tampoco a las manifestaciones de los otros poderes del Estado, que atribuyen al tratamiento de estas leyes una trascendencia significativa”, señalaron, en alusión a la expectativa del Gobierno para que la Corte declare inconstitucionales las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.

De esta forma, podrían reabrirse decenas de causas contra represores, lo que permitiría al Gobierno eludir las extradiciones a España de más de 40 militares, que reclama el juez Baltasar Garzón.

La intención que hizo explícita el presidente Néstor Kirchner la semana pasada fue reforzada en las últimas horas a través de las declaraciones de dos ministros. El canciller Rafael Bielsa dijo que considera que es hora de que la Corte asuma sus responsabilidades y se pronuncie sobre la validez de las leyes. Y el ministro del Interior, Aníbal Fernández, instó a que el Tribunal resuelva el tema “lo más rápido posible, para no tener en ciernes a una institución como las Fuerzas Armadas”.

En la Corte comentaban ayer que el ministro de Justicia, Gustavo Beliz, se habría molestado con Bielsa por haber opinado públicamente sobre temas de su cartera.

El comunicado de la Corte agrega que el tema de las leyes será resuelto “en los tiempos que la misma Corte considere necesarios para que todos sus miembros puedan pronunciarse fundadamente y sin ningún tipo de presión en temas tan trascendentes para la vida política nacional”.

En la reunión de ayer, según fuentes judiciales, “todos los jueces se pronunciaron a favor de no resignar la jurisdicción de nuestro país para juzgar a los militares”, pero también acordaron que “un tema de esta trascendencia debe ser analizado por todos los miembros, y ahora está pendiente la incorporación del reemplazante de Nazareno”. En un mes, ese sillón podría ser ocupado por el candidato oficial, Eugenio Zaffaroni, quien se inclinaría por la inconstitucionalidad de las leyes.

Algunos jueces señalaron también que, aunque se incorpore el nuevo juez, la Corte podría seguir incompleta. Esto podría ocurrir si prospera la suspensión que impulsa la Comisión de Juicio Político de Diputados contra Eduardo Moliné O’Connor. O si algún otro juez es puesto en el banquillo del juicio político, y —como hizo Nazareno— decide renunciar.

Respecto de los plazos, en algunos despachos de la Corte se animan a pronosticar que las leyes podrían ser declaradas inconstitucionales en seis u ocho meses. Pero consideran que este plazo no es excesivo, teniendo en cuenta que cualquier juicio de extradición que se inicie ahora puede demorar uno o dos años.

“En algunos meses el tablero político de la Corte va a ser otro, y no se descarta que algunos de los jueces que en 1987 votaron por la validez de las leyes consideren que a partir de la reforma de 1994, con la incorporación de tratados internacionales, las condiciones jurídicas son otras”, señaló otra fuente.

Ayer se analizaron otras dos cuestiones: una propuesta del juez Antonio Boggiano para instaurar un sistema de debate para las principales causas, y un memorándum elaborado por Fayt para redefinir el cronograma de trabajo del Tribunal.

Sobre la propuesta de Boggiano, la mayoría de los jueces estuvo de acuerdo con este método, similar al que se aplica en la Corte de los Estados Unidos. Pero algunos objetaron la posibilidad de que se produzcan “filtraciones” a la prensa, antes de alcanzar un acuerdo entre los jueces.

La Corte también convocó para hoy a los presidentes de las Cámaras de la Capital, para acordar un mecanismo que impida que lleguen a la Corte la enorme cantidad de causas que recibe en la actualidad.

El tema del “corralito” bancario también estuvo presente, aunque sólo para señalar la complejidad de estas causas y su fuerte incidencia sobre la economía.

También se habló de la situación de desprestigio que atraviesa la Corte, y de la imposibilidad de trabajar sobre estos temas de trascendencia cuando “muchos de los jueces se encuentran otra vez bajo la amenaza del juicio político. Quieren que como uno de los poderes del Estado contribuyamos a la gobernabilidad, pero olvidan tratarnos como a uno de esos poderes”, protestó uno de los jueces.