LA CORTE RECHAZÓ INTERVENIR EN EL CONFLICTO POR LAS PAPELERAS
La Corte Suprema se declaró “incompetente” y decidió no intervenir en el conflicto entre Argentina y Uruguay por la instalación de las papeleras en Fray Bentos. El máximo tribunal rechazó así una demanda presentada por el gobierno de Entre Ríos y el expediente vuelve ahora a la Justicia Federal de la localidad entrerriana de Concepción del Uruguay.
La Corte -con la única ausencia de Raúl Zaffaroni- tomó esta rápida decisión tras recibir el dictamen del procurador Esteban Righi, que, si bien no es vinculante, señaló que la Corte es incompetente para entender en la presentación del gobernador de la provincia de Entre Ríos, Jorge Busti, por “contaminación en grado de tentativa” contra las papeleras.
Para argumentar la incompetencia, Righi plantea básicamente un conflicto de territorialidad sobre tema, ya que los demandados están asentados en territorio uruguayo.
Entre otros puntos, el procurador explica que “la conducta a investigar se estaría desarrollando fuera de la jurisdicción territorial argentina” y que “podrían resultar imputados funcionarios de la administración pública uruguaya, en cuanto permitieron, habilitación mediante, tales emplazamientos fabriles vulnerando normas del propio derecho interno e internacional”.
En otro punto, Righi afirma que “los extremos invocados en apoyo de la competencia originaria son, al menos, prematuros e inconsistentes”.
Recién ayer, el máximo tribunal había solicitado a Righi su opinión acerca de su competencia en la polémica por la construcción de dos plantas papeleras en Uruguay. Apenas recibido el dictamen del procurador, la Corte emitió su resolución.
La demanda había sido promovida por Busti, quien denunció por supuesta “contaminación ambiental en grado de tentativa” a las plantas de celulosa de las empresas Botnia (finlandesa) y ENCE (española).
La denuncia había sido presentada ante el juez federal de la localidad entrerriana de Concepción del Uruguay, Guillermo Quadrilli, quien se declaró incompetente y elevó el caso a la Corte. Ahora, tras la decisión del máximo tribunal, el caso debe volver a la justicia federal.
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