LA CORTE SUPREMA RECHAZÓ EL PEDIDO DE EXTRADICIÓN DE UN EX INTEGRANTE DE ETA

La Corte Suprema de Justicia rechazó hoy el pedido de extradición a España de Jesús María Lariz Iriondo acusado de ser un ex integrante de la banda terrorista ETA y de haber participado de un atentado en el País Vasco en la década del 80.

El máximo tribunal se negó a autorizar la extradición alegando que los hechos que se le imputan ya prescribieron para la legislación argentina.

La Corte Suprema avaló la decisión del juez federal Claudio Bonadío en el juicio de extradición realizado en junio y además destacó que “no se puede concluir que todos y cada uno de los actos de terrorismo puedan reputarse como delitos de lesa humanidad”, en referencia a los motivos expuestos por España para solicitar la extradición de Iriondo.

Durante el juicio de extradición, Iriondo de 48 años, negó ser miembro de ETA aunque admitió pertenecer a sindicatos y organizaciones separatistas del País Vasco.

El presunto etarra está en Argentina desde el 22 de noviembre de 2002 cuando fue expulsado “por indeseable” de Uruguay luego de haber sido detenido en varias ocasiones en Montevideo donde vivió desde 1986.

Iriondo fue enviado en un avión hacia Buenos Aires debido a que había ingresado en Uruguay desde la capital argentina.

Al llegar al país fue detenido por la Policía Federal a pedido de la jueza María Servini de Cubría que respondió a un pedido de extradición cursado por el magistrado español Baltasar Garzón.

A mediados de 2004, el juez Bonadío le puso una fianza de 10 mil pesos para que pudiera salir de la cárcel. (Archivo 18/06/2004)

A Iriondo se le acusa de ser el presunto responsable de un atentado cometido en la localidad vasca de Eibar en 1984 contra un vehículo de la Policía Nacional española en el que resultaron heridas dos personas.

Además, tiene pendientes varias órdenes de busca y captura por pertenencia a banda armada, robo con intimidación, estragos y depósito de armas.

En Argentina ha pedido que le concedan el estatus de refugiado político, basándose en un informe de la ONU que denuncia violaciones a los derechos humanos en España, país en donde ha sido considerado como el responsable de ETA en Uruguay.