LA CORTE SUPREMA SANTAFESINA PEDIRÁ INFORMES SOBRE LAS PRESCRIPCIONES DE CAUSAS

La prescripción de la acción penal contra uno de los acusados por la compra irregular de equipos de informática IBM para el Banco de Santa Fe -y el hecho de que lo mismo se aplicará necesariamente a los otros imputados- dejó sin posibilidad de resolución uno de los casos de corrupción más sonados de la Provincia. Lo propio ocurriría con otro que comparte la misma categoría de causa “emblemática”: el proceso contra el ex Vicegobernador Antonio Vanrell, por la falseada compra de juguetes desde el Senado Provincial.

El Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la provincia, Rafael Gutiérrez, admitió la sensación de impunidad que este tipo de resultados transmite a la sociedad, enfatizó que la prioridad de atención debe estar dada para estos casos y anticipó que el próximo miércoles planteará, en la reunión de acuerdo, que el Tribunal realice un pedido de informes a los titulares de las cámaras penales de la provincia. En una entrevista con El Litoral, Gutiérrez prefirió no detenerse en ninguno de los casos en particular -un informe de la revista Entre Líneas también mencionó a las causas Fibraca y Storni- hasta tener más elementos de juicio, pero aseguró que se analizará lo actuado y “si hay alguien que no haya cumplido con sus obligaciones, tendrá que asumir la responsabilidad”.

-¿Por qué se dejan caer causas con tanta resonancia pública?

-Primero quiero dejar aclarado que son causas de hace muchos años, que vienen de cuando la gran mayoría de los miembros de la Corte no estaban en ella. No es para delegar responsabilidad, pero son causas que estaban en tribunales inferiores. La única que llegó a la Corte es la referida al ex arzobispo de Santa Fe, monseñor Edgardo Storni, planteando un recurso de inconstitucionalidad y después uno federal, sobre los que nos pronunciamos -denegándolos- en tiempo y forma. La causa ahora sigue en otros ámbitos.

-Se entiende que la Corte debe controlar el desempeño de los tribunales inferiores.

-El Poder Judicial es bastante horizontal y de acuerdo a la Ley Orgánica, hay funciones propias y delegadas. Por caso, el Art. 40 inc. 6 obliga a los presidentes de cámaras a inspeccionar, por los menos dos veces al año, los juzgados y oficinas de su fuero, con el fin de establecer si sus titulares han cumplido los deberes legales. E informar a la Corte dentro de los 30 días. Después, la Corte analiza las estadísticas y el funcionamiento de los juzgados y, si detecta irregularidades, actúa: emplaza a que se pongan al día, les establece un plan de trabajo y, si la morosidad supera lo normal y no tiene justificación, se produce un sumario administrativo o, en su caso, se pide el jury de enjuciamiento.

-Y en estos casos en particular ¿qué pasó?

-El próximo miércoles, en la reunión de acuerdo, yo voy a plantear que se pida un informe pormenorizado a los cinco presidentes de las cámaras penales de la provincia, para que nos digan si las demoras en estas causas son justificadas o no y por qué llegaron a la prescripción. Más allá de eso, puede haberlos sorprendido la reforma del art. 67 del Código Penal, sancionada en enero de este año (que estableció taxativamente las causas por las cuales se interrumpen los plazos de prescripción).

-Pero más allá del manejo habitual de plazos y de la morosidad ¿no debería prestarse atención a causas de tanta importancia institucional?

-Sí, el criterio es que si hay causas con trascendencia institucional o social -que son ítems que debe tomar en cuenta el camarista al hacer la inspección-, como son los casos en que funcionarios o dirigentes importantes estén denunciados, o haya delitos económicos que hayan perjudiciado a un grupo importante de gente, se debe dar preeminencia a la investigación.

-Sin embargo, se caen causas que tienen esas características.

-Queremos ver qué pasó. Por otra parte, hay que tomar en cuenta que los representantes del pueblo en las causas son los fiscales. Y el fiscal tiene la obligación de interponer pronto despacho si ve que se vencen los plazos. Por eso, debemos ver desde la Corte si ha habido motivos legales que justifiquen las demoras. Y si hay alguien que no haya cumplido con sus obligaciones, tendrá que asumir su responsabilidad.

-Usted advierte la sensación de impunidad que se produce y el necesario deterioro del nivel de confianza de la ciudadanía en la Justicia.

-Indudablemente que estas causas emblemáticas, debido a la repercusión social y por las características de los denunciados, deben tener preferencia para que se les dé una respuesta. La condena o la absolución; pero no pueden prescribir por la morosidad judicial.