LA CRISIS CARCELARIA ENDURECE EL AGRAVAMIENTO DE LAS PENAS

La movilización de amplios sectores de la clase media en reclamo de mayor seguridad luego del secuestro y asesinato de Axel Blumberg impulsó en el Congreso una serie de medidas para endurecer las penas a los delincuentes que desde el Poder Judicial local calificaron de improvisadas y disparatadas, “fruto de una falta de política criminal”. Asimismo, el subsecretario de Seguridad provincial, Alejandro Rossi, se reunió ayer con los jueces de Rosario para evaluar la crítica situación que ya se vive en las comisarías de la ciudad, donde los agentes se han transformado en guardiacárceles, y en las penitenciarías santafesinas, donde la superpoblación carcelaria dificulta cada vez más la meta de la rehabilitación social de los reclusos. “Con el derecho penal vigente tenemos una situación crítica. Cuando se aprueben las nuevas normas va a ser más crítica aún”, señaló Rossi ayer. El funcionario refirió también que desde el Ministerio de Gobierno se charló con autoridades militares en busca de lugares disponibles para alojar transitoriamente un número “manejable” de detenidos que en 2005 podrán ser instalados en seis nuevas alcaidías cuya construcción está proyectada para este año. El llamado a licitación para la realización de la de Rosario, la primera, se conocerá esta semana, según informó el ministro de Gobierno, Roberto Rosúa, quien auguró que para el año próximo no habrá más presos en comisarías y que aparte de evaluar el traslado de detenidos a dependencias del Ejército, su cartera busca establecimientos fabriles en desuso para ese mismo fin.

“El que opina que hay que agravar penas no conoce la situación de las leyes, la estructura penal ni la policía. Es una gran mentira –señaló la abogada penalista Matilde Bruera, con un amplio recorrido en la defensa de Derechos Humanos–. ¿Dónde van a meter presos? Por otro lado, la pena debería ser para resocializar. Si se agrava la ley es para peor. Las penas en la Argentina se aplican con gravedad mucho mayor de lo que dicen las leyes, por el hacinamiento”, completó.

La letrada observó también que las penas por tenencia de armas y secuestro (que en el caso de rapto de menores o de mujeres equivalen a las de homicidio) ya fueron agravadas hace tres años y la situación no cambió.

En esto coincide Bruera con el juez de instrucción Carlos Triglia, quien declaró: “Pretender que agravar las penas va a solucionar algo es un disparate. Sistemáticamente, cuando aparece este fenómeno del reclamo de la sociedad por seguridad, se improvisa y no se ataca el problema de fondo. No hay una política criminal”. El magistrado, a su vez, se mostró “profundamente alarmado” con la posibilidad de que se anule la excarcelación sobre algunos delitos (hasta ayer entrada la noche no se sabía con precisión cuáles serían penalizados con mayor severidad), ya que el problema del hacinamiento en penales no sólo es crítico en el futuro cercano, sino en este mismo momento. “Hoy la visión es apocalíptica”, remató Triglia.

Por su parte, Fernando Rosúa, director del Servicio Penitenciario provincial (SP), contabilizó un total de 4.900 detenidos en Santa Fe, 2.200 a cargo de la policía y 2.700 en manos del SP, y acotó que la superpoblación crea dificultades para la rehabilitación en las penitenciarías, lo que repercute en la disminución de lo que se denomina “actividades de tratamiento”, como el trabajo y la educación.

En este sentido, desde el SP se buscan alternativas para absorber el incremento de detenidos en penales de 50 a 150 personas que podrían funcionar en dependencias militares. En tanto, Rossi señaló que eso fue lo único que se conversó con el Ejército y que no está en los planes de los funcionarios de Gobierno solicitar algún tipo de apoyo de esa institución para controlar el delito, tal como indica la ley de seguridad interior.

“No se apunta al problema de fondo de la seguridad –argumentó Bruera, que se mostró interesada en que se abra un debate sobre el tema–: algunos delitos tienen que ver con cuestiones de marginación social. El Estado abandonó a un gran sector de la sociedad que no accede al trabajo. El caso de los secuestros tiene que ver con que la policía es una gran caja recaudadora de distintos delitos, en los que ofrece apoyo logístico y recursos. Por otro lado, por estar sumida en altos grados de corrupción, es ineficaz. Por eso creo que pedir el aumento de penas es darle más poder a los sectores corruptos, del gatillo fácil. Hay que racionalizar las leyes. Con las penas actuales se produjo un auge de secuestros”.

Hace cinco años, el ex comisionado de la policía neoyorquina William Bratton, impulsor de lo que aquí se conoció como “Tolerancia Cero” a principios de los 90, declaró en Rosario, donde estuvo invitado por una fundación liberal, que “no puede ignorarse la participación de la policía argentina en la represión ilegal durante la última dictadura” y que esto dio como consecuencia “una falta de confianza en la institución que el accionar policial está llamado a disolver con el paso del tiempo”.

Bruera explicó un axioma criminológico: “La ley establece que las cárceles sirven para rehabilitar. Si no no tienen sentido y funcionan al revés. Porque en condiciones de hacinamiento el que entra sin saber delinquir aprende adentro”.