LA DEFENSA CONTRA AGUAS EN EL CIADI ARRANCÓ CON CRISIS

La comisión especial creada en octubre de 2004 por el gobierno para seguir la demanda de Aguas Provinciales ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) –el tribunal arbitral del Banco Mundial– por 310 millones de dólares cambió su conducción recientemente, después de que su presidente renunciara aduciendo que no podía acceder a los medios suficientes para llevar adelante la defensa. “Quizás faltó un mayor respaldo político o alguien con funciones políticas que se interesara más en el tema para aceitar la estructura burocrática, que es una máquina de impedir”, contó ayer Adalberto Damianovich, quien ahora volvió a desempeñarse en su cargo de carrera como gerente de Asuntos Jurídicos del Ente Regulador de Servicios Sanitarios.

“Renuncié porque había cuestiones burocráticas que no se solucionaban. Concretamente, la modificación presupuestaria que se necesitaba no era aprobada. Mi idea es que para dar una adecuada apoyatura legal a la Nación, que es la que está legitimada procesalmente para actuar ante el Ciadi, necesitábamos como mínimo estar a la altura de la otra parte”, explicó a este diario Damianovich.

La renuncia escrita a la presidencia de la Comisión de Estudio de Arbitrajes Internacionales (Cearinsa) fue elevada el 11 de marzo, pero el gobernador la aceptó recién a fines de abril (por lo visto la burocracia es ineficiente hasta para tramitar renuncias) aunque rechazando los argumentos de Damianovich, lo cual era esperable.
Abogado, ex funcionario de Jorge Obeid en su primera gestión y funcionario de carrera en el Ente Regulador desde 1999, la reasignación que esperó en vano Damianovich iba a destinarse a contratar asistencia jurídica especializada. “Sólo con los cuadros técnicos del Estado no alcanza, nosotros habíamos hablado de expertos, de algún departamento de economía de una universidad extranjera, que estuvieran a la altura de los equipos de Aguas”, explicó.

Del otro lado, Aguas Provinciales contrató a Manuel Abdala y Pablo Spiller, dos consultores que en los 90 oficiaron de asesores del gobierno argentino en el proceso de transformación del Estado y que ahora prestan servicios a las multinacionales que se hicieron de los principales servicios públicos privatizados del país (ver aparte).
La teoría de Damianovich era que “había que contratar a gente que allá en Washington despierte algún interés, que cuando el escrito llegue al Ciadi lo ojeen y por lo menos lean una parte. Esto es como cuando se tiene que litigar en los Tribunales, uno trata de buscar un abogado de prestigio para que el juez le preste atención al caso”.

El funcionario asegura que se fue de la comisión “sin ningún tipo de resentimiento”, pero que “era imposible tener el entusiasmo del año pasado, después que me di cuenta que no tenía el respaldo material, ni el apoyo logístico y técnico de primer nivel que se necesita para argumentar en un caso tan delicado”.

Lo curioso es que, aún tratándose de una demanda millonaria, Damianovich entiende que “fuera de algún funcionario que tenía buena voluntad, (el tema de la reasignación presupuestaria) lo manejaba la estructura. Es decir, la maldita burocracia, que es una máquina de impedir. A lo mejor faltó algún respaldo político más explícito que aceitara el camino”.

Damianovich tuvo su momento de mayor protagonismo el 23 de febrero pasado, como acompañante del ministro de Obras y Servicios Públicos, Alberto Hammerly, durante su visita a la Legislatura. Allí explicó “la doble importancia” de la comisión que presidía: “Estamos juntando la información necesaria para que sirva tanto para una buena defensa en el nivel internacional como para la defensa de los intereses de la provincia frente a la Nación, porque si se ejecuta el laudo es muy probable que la Nación nos quiera descontar todo de la coparticipación”.

Tras aceptar la renuncia, el gobernador reemplazó a Damianovich con una antigua colaboradora suya. Se trata de la abogada Liliana Campomanes. Especializada en mediación, está al frente del Instituto de Resolución de Conflictos de UPCN Santa Fe e integra el Centro de Mediación del Colegio de Abogados de Santa Fe.

Según contó Damianovich, ahora “no se hizo contratación internacional de consultoría o asesoramiento sino que se recurrió a especialistas locales”. Los dos principales son el contador y abogado Sergio Huanque y el contador Jorge Milessi, quien fue titular de la Administración Provincial de Impuestos entre mayo de 1997 y julio de 1998.

DOS PESOS PESADOS DEL LADO DE LA EMPRESA

Según el suplemento Cash, de Página/12, del 15 de mayo pasado, estos son los antecedentes de quienes defienden los intereses de Aguas Provinciales ante el Ciadi:

– Manuel Abdala. Entre abril de 2002 y febrero de 2005 testimonió 14 veces ante el Ciadi como testigo experto convocado por empresas extranjeras que le reclaman al Estado una indemnización por “trato injusto” y “expropiación” de sus inversiones. En la mayoría de los casos, su tarea consistió en valuar las “pérdidas” de las compañías a raíz de la pesificación y congelamiento de tarifas. Prestó servicios a las francesas Suez y Electricite, las españolas Telefónica y Gas Natural Ban, y las norteamericanas AES, Enron, Pan American Energy y El Paso, entre otras. Del otro lado del mostrador, Abdala fue consultor del gobierno argentino durante la década del ‘90. Asesoró a la Secretaría de Energía en el armado del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), trabajó como consejero económico de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones y del Enargás, le puso precio a la compañía telefónica de Entre Ríos para ser privatizada, participó en la reestructuración de la Comisión Nacional de Energía Atómica e intervino como consejero económico en Yacyretá.

– Pablo Spiller testimonió a pedido de las mismas multinacionales que Manuel Abdala porque son socios en la consultora LECG. Es uruguayo, pero también trabajó como consultor del Estado argentino. En 1998 fue asesor del ente nacional de servicios sanitarios en la renegociación del contrato de concesión de Aguas Argentinas y miembro del comité de selección del presidente del Enargás. En 1997 asesoró al Ministerio de Economía en la privatización del Correo.

PARA OBEID, AÚN SIGUE VIGENTE LA IDEA DE “REESTATIZACIÓN”

Jorge Obeid respondió ayer a las críticas de las ONGs y de la oposición, que le endilgaron falta de rumbo y de un plan definido para encarar la huida de la empresa de Aguas. “No descarto nada. Todavía sigue firme la posibilidad de regionalizar, reprivatizar o mantener el servicio en órbita estatal”, dijo el gobernador e intentó así despejar los palos que los legisladores de la oposición, sobre todo del Partido Socialista, le asestaron al recordarle sus conceptos de “soberanía”.

“Mientras (Obeid) se alegraba de «recuperar la soberanía» cuando se fue Suez, ahora quiere relicitar a otro grupo privado”, se quejaron los más críticos. La Asamblea Social de los Derechos Sociales también fustigó al gobierno por la “improvisación que genera tomar medidas sobre la marcha”.

En cambio, para Obeid hay tiempo de evaluar para ver luego qué camino seguir. “Estamos dejando correr todas las posibilidades para ver cuáles son las que realmente terminan de cobrar forma para luego tomar una decisión”, señaló el mandatario con tono firme.

“El servicio hoy lo sigue prestando sin problemas el concesionario y bajo una estricta tutela del gobierno”, dijo Obeid y aseguró que “el gobierno tiene los fondos para encarar las obras”. “Al principio parecía que todos los municipios querían la descentralización y ahora no todos lo quieren”, deslizó el Gobernador.