LA DEFENSA DE RIBELLI APUNTÓ CONTRA EL EX PRESIDENTE MENEM

La defensa del ex comisario bonaerense Juan José Ribelli, uno de los principales imputados por el atentado contra la AMIA, acusó hoy al ex presidente Carlos Menem de dar una orden secreta para establecer la “pista policial” en el hecho y trazó un paralelo entre el proceso que se le sigue a su cliente con el que condenó a Jesucristo.

En el primero de los tres días de su alegato ante el Tribunal Oral Federal 3, el abogado José Manuel Ubeira aseguró que la causa “es una verdadera patraña” y acusó de cometer “prevaricato” -dictar fallos contrarios a derecho- al juez federal Juan José Galeano, quien fue separado de la investigación por la Cámara Federal porteña, por supuesta falta de imparcialidad.

“Acá venimos a desenmascarar a quienes encubrieron sobre el dolor de los muertos”, subrayó Ubeira, quien denunció “con nombre y apellido”, a todos los sectores que, según su opinión, contribuyeron a “pergeñar la historia oficial” del atentado contra la sede de la AMIA ocurrido el 18 de julio de 1994, que mató a 85 personas.

Con un discurso firme, el letrado dijo que la hipótesis “fabricando culpables” que llevó a la cárcel a ex policías y al reducidor de autos Carlos Telleldín la “elaboró el Estado a través de todos sus poderes y de parte de la comunidad judía”, a costa de las víctimas.

Ubeira dijo que en el proceso contra Ribelli se desplegaron procedimientos que “se usaron hace 2.000 años en otro proceso para buscar un chivo expiatorio”.

“Hubo escribas, fariseos y hombres de ley, y un juez que cometió prevaricato”, relató en clara alusión a la crucifixión de Jesucristo, aunque sin nombrarlo. “Entre los fariseos está el Poder Ejecutivo Nacional. A la cabeza de los responsables, no puede estar otro que el (ex) Presidente de la Nación. Menem supo o no podía desconocer” lo que pasó, señaló Ubeira, quien para argumentar tal acusación retomó las declaraciones que la senadora Cristina Fernández de Kirchner formuló cuando se presentó como testigo en el juicio.

La primera dama, una de las pocas personas que quedó al margen de las acusaciones del abogado, junto con los dos fiscales del juicio Alberto Nisman y Miguel Angel Romero, había señalado que determinados comportamientos del gobierno de Menem, como por ejemplo haber enviado tropas al golfo durante la Guerra de Irak, pudieron haber hecho que se escogiera a la Argentina como blanco.

Según Ubeira, la denominada “historia oficial” del atentado se comenzó a escribir el 25 de julio de 1995, una semana después del atentado, cuando el juez Galeano volvió de Venezuela, tras entrevistar a Moatamer Moanucher, un supuesto arrepentido, se dirigió a la Residencia de Olivos, con lo que “violó las obligaciones que tiene que tener un juez”.

“La verdadera orden secreta se da en Olivos, donde se decidió cómo iba a seguir ese proceso”, señaló el letrado y en ese sentido sugirió que allí surgió la orden de pagar 400.000 dólares a Telleldín con dinero de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), entonces a cargo de Hugo Anzorreguy, para que involucre a los policías en la causa.

“No se puede liberar el dinero si no fuera por decisión del jefe del titular de la SIDE, que no es otro que el Presidente de la República”, remarcó el defensor de Ribelli, el ex comisario que ya lleva ocho años detenido.

Tras calificar a su defendido como “un alma buena”, Ubeira hizo hincapié en la cinta en la que se vería a Galeano ofrecer el dinero a Telleldín para que declarara, trámite tras el cual involucró a los policías.

Y dijo que “si el video no hubiera aparecido y si no vienen funcionarios de la SIDE a contar cómo se pagó, mi cliente se iba a quedar a vivir en la cárcel”.

La argumentación general de Ubeira se basó en relacionar el atentado con la participación de terroristas internacionales como producto de la política de Estado de aquel entonces, pero no mencionó hipótesis sobre la llamada “conexión local”.

En el alegato acusó al ex ministro del interior Carlos Corach y a la fallecida camarista federal Luisa Riva Aramayo de “pergeñar e instrumentar” lo que iba a ser la “historia oficial”; a Anzorreguy de ser el “mentor” de Galeano para ubicarlo en la Justicia Federal y al magistrado de “ejecutor” de un “plan maestro”.