LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO PIDIÓ QUE SE SUSPENDAN LOS RADARES EN TODA LA PROVINCIA

El defensor del Pueblo de Santa Fe, Carlos Bermúdez, pedirá hoy que se suspenda el control del tránsito por radares en las rutas nacionales y provinciales que atraviesan el territorio santafesino hasta tanto la provincia reglamente la ley 12.217, promulgada por el gobernador Jorge Obeid hace 60 días. Según aseguró el funcionario, la norma “regula el uso de estos medidores de velocidad con sentido preventivo y educativo, y no meramente recaudatorio, al tiempo que regula las multas que en la actualidad se aplican arbitrariamente”. El flamante secretario de Transporte santafesino, Miguel Latorre, se mostró en un todo de acuerdo con Bermúdez, al anticipar que buscará instalar sistemas de seguridad alternativos al radar, como los lomos de burro, retardadores de velocidad y semáforos en las zonas urbanizadas.

Tanto el Ejecutivo provincial como la Secretaría de Transporte, el procurador de la Suprema Corte de Justicia y los intendentes y presidentes comunales recibirán la recomendación de Bermúdez a través de la resolución Nº082, en la que también solicita que se reglamente la ya aprobada ley 12.217.

La Defensoría del Pueblo emitió la resolución con carácter de recomendación (ya que el organismo no tiene otra facultad frente al Ejecutivo) con el fin de terminar con un mecanismo sancionatorio “plagado de vicios e irregularidades”.

“Queremos terminar con esta situación, y para ello es necesario suspender el funcionamiento de todos los radares en las rutas que atraviesan Santa Fe”, insistió Bermúdez al aclarar que en el caso de Rosario “dicha medida no la afectará”.

Al respecto, la directora de Tránsito municipal, Hebe Marcogliese, aseguró ayer a La Capital que los cinemómetros utilizados en la ciudad son tres “y se encuentran homologados por la Secretaría de Comercio Interior de la Nación”.

Cincuenta quejas diarias
Según apuntó el defensor, su repartición recibe unas 50 quejas diarias y dejó entrever que en los últimos cuatro meses los inconvenientes más reiterados refieren a los radares ubicados en Venado Tuerto, Hughes, Sanford y Pujato.

“Además, hay acumuladas unas 300 mil multas desde el 98”, remarcó Bermúdez, quien sufrió en carne propia una sanción (ver aparte).

Luego enumeró un listado de “vicios” en la dinámica sancionatoria. “Los radares están escondidos y la gente nunca se entera de que le hicieron la multa, porque no hay un agente público que se lo haga notar. Alguien debería detener al automovilista y advertirle cómo será sancionado de acuerdo a su falta”, apuntó Bermúdez.

También se mostró contrario a que las comunas emitan los certificados de infracción a través de estudios de abogados que intiman a depositar el monto de la sanción en una cuenta de la empresa concesionaria de los radares, o bien negocian la multa por “montos irrisorios”.

“Un supuesto infractor detectado en la localidad de Hughes fue intimado desde un estudio de Capital Federal por 4 mil pesos, pero luego le ofrecieron arreglar por 80 pesos. Se sintió estafado e hizo la denuncia. Pero lo peor es que casos como este hay de a decenas”, aseguró.

Otro aspecto “por demás de vergonzoso” es que muchos de los radares que controlan la velocidad vehicular por las rutas no fueron habilitados por la Dirección de Comercio Interior. Bermúdez tildó de “poco serio” que las multas lleven impresa la leyenda “certificada con aviso de retorno”.

Montos de la multa
El defensor denunció que en los reclamos no se respetan los montos de las infracciones según los determina la ley 12.217 en su resolución 156/01, considerada como ley penal más benigna.

La reglamentación señala que el rango mínimo susceptible de ser sancionado es de 60 kilómetros por hora. También marca al apercibimiento como la sanción prevista para la primera infracción detectada, salvo que se excedan los 90 kilómetros por hora.

La norma contempla a su vez topes máximos para las multas a cobrar mediante una escala de unidades fijas (cada unidad equivale a un litro de nafta súper). Por ejemplo, entre 70 y 90 kilómetros por hora la sanción al conductor se fijó en 56 pesos.

Sin embargo, el defensor del Pueblo de la provincia aseguró que muchos automovilistas reciben multas por demás de jugosas que no contemplan ninguno de los artículos de la resolución.

“La observancia estricta de tales preceptos generaría confianza y aceptación en los ciudadanos aun cuando se los sancionara, por oposición al rechazo generalizado que en la actualidad se percibe de manera masiva”, manifiesta uno de los considerandos de la resolución que hoy enviará Bermúdez al Ejecutivo.

Antes de ser notificado por la resolución de la Defensoría, Latorre le anticipó a La Capital que se encuentra “totalmente de acuerdo con que se suspendan los radares hasta que se reglamente la ley, porque están desprendidos de un esquema de educación vial”.

Dentro de la reglamentación, el secretario provincial de Transporte ya evalúa eliminar los cinemómetros de las rutas para reemplazarlos por sistemas de seguridad vial alternativos, tales como los lomos de burro, los retardadores de velocidad y los semáforos. “Vamos a revisar el régimen de sanciones, para que el objetivo principal sea la corrección de las conductas y no lo puramente económico. En este marco trabajaremos en la reglamentación”, finalizó Latorre.