LA DEFENSORÍA PROPONDRÁ QUE SE REGULARICE LA SITUACIÓN DE ADJUDICATARIOS DE VIVIENDAS FONAVI

El Defensor del Pueblo de la provincia, Carlos Bermúdez, remitirá a la Legislatura dos proyectos de ley, uno destinado a regularizar la situación de adjudicatarios de viviendas respecto del Impuesto Inmobiliario de operatorias administradas por la provincia y los municipios y el restante para incorporar la función del curador oficial con el objeto de tutelar a las personas inimputables sometidas a proceso penal y las declaradas dementes que carezcan de familiares o estos se excusaren de esa responsabilidad.

Bermúdez anunció la elaboración de ambos proyectos durante las reuniones que mantuvo junto a su adjunto para la zona norte, Carlos Feruglio, con las comisiones de Defensoría del Pueblo de ambas cámaras legislativas de la provincia, encuentros en los que reseñó el funcionamiento de la institución y la actividad que está desarrollando en particular en áreas como la divulgación de la problemática de la violencia familiar y la regularización de tierras con ocupaciones precarias.

En el Senado: Feruglio, Bermúdez, Bacalini y Ocampo.

Recibido por el presidente de la comisión del ombudsman de la Cámara Baja, Héctor Jullier, y los diputados Laura Venesia, María Celia Costa, Mónica Tomei, Lucrecia Aranda y Antonio Riestra, el defensor del pueblo dio detalles de los mencionados proyectos, actualmente en estado de revisión final por los profesionales del organismo, y que, cumplida esta última etapa, serán puestos a consideración de los legisladores para su eventual tratamiento.

En tanto en la Comisión del Senado estaban presentes el titular, Juan Carlos Bacalini, y los senadores Héctor Ocampo, Patricia Sandoz y Danilo Capitani. En ambas reuniones, Bermúdez transmitió a los legisladores la preocupación existente por las numerosas quejas recibidas en los últimos tiempos por personas que aducen no recibir la cobertura que han contratado en determinadas empresas de medicina prepaga, particularmente en tratamientos originados en enfermedades oncológicas o de discapacidad, todo esto favorecido por la carencia de legislación que controle la actividad de dichos prestadores de salud.

En este contexto alertó sobre empresas que brindan servicios de salud pero que, bajo la denominación de Planes de Salud, evitan cumplir con la ley nacional 24754, que las obliga como mínimo a efectuar las prestaciones del Programa Médico Obligatorio. “Esta situación, como otras que hemos advertido, estamos en condiciones de aportarlas a los legisladores con el fin de enriquecer el proyecto actualmente en análisis en la Cámara de Diputados y que de esta forma la ley provincial que se sancione sea no sólo un complemento de la normativa nacional vigente, sino también una eficaz herramienta de control a la hora de garantizar a una persona la cobertura de una prestación que ha contratada y que subterfugios legales le están retaceando”, explicó Bermúdez.

De las reuniones tomaron parte también los directores de la Defensoría, Julio Mufarrege y José Luis Zampó, éste último responsable del Centro de Asistencia a la Víctima y que en ese carácter brindó un informe sobre las actividades de difusión de los alcances de la Ley de Violencia Familiar que se viene llevando a cabo con charlas y exposiciones en el interior de la provincia en las que, junto con la difusión de la normativa, se alienta a la formación de redes de contención para víctimas de la violencia doméstica.