LA DELEGACIÓN ROSARINA DE DEFENSA CIVIL ESTÁ CUESTIONADA

Excesos en llamadas telefónicas realizadas desde una oficina pública, designaciones de personal jerárquico a través de papeles escritos a mano, presuntas violaciones al escalafón del empleado municipal, percepción de honorarios en forma privada por el dictado de cursos con certificados oficiales de la Intendencia, supuestas transferencias a privados de material proveniente del patrimonio municipal y la utilización de la estructura y el personal estatales para tareas particulares fueron denunciadas por un empleado de Defensa Civil ante la fiscalía Nº 6 de los Tribunales provinciales, a cargo de Esteban Franicevich. El agente municipal Eduardo Caballero apunta en su denuncia penal, que tramita en el juzgado correccional de la 6ª nominación, contra el titular de Defensa Civil, Marcos Escajadillo, y contra el coordinador del Área Capacitación de esa dependencia, Antonio Moyano, un ex agente del Sies trasladado por Escajadillo a Defensa Civil.

DEDOCRACIA

La denuncia reúne una serie de presuntas irregularidades ocurridas en Defensa Civil. Por ejemplo, apunta en su escrito que cuando Antonio Moyano se incorpora a esa dependencia en febrero de 2002 “durante todo ese año los días viernes no concurrió a trabajar ni marcó tarjeta por reloj, como el resto del personal, por cubrir guardias en la empresa privada Ecco, con el conocimiento y el consentimiento del coordinador general de Defensa Civil”, es decir Escajadillo.

También pone de relieve la designación de Moyano “de palabra y/o de hecho como coordinador del Área Capacitación de Defensa Civil, en forma ilegítima, arbitraria e irrazonable, violando de tal forma el derecho que le asistía para ocupar dicho cargo a dos empleados categoría 19” (Moyano poseía categoría 17). Todo ello, agrega el escrito, “sin que medie acto administrativo alguno emitido por autoridad competente, por lo cual esta designación constituye una verdadera «vía de hecho», que además ha sido debidamente impugnada”.

Pero esa no fue, de acuerdo a la denuncia, la única designación de hecho. “Otra conducta irregular que denuncio –se lee en el escrito– la constituye el hecho de que en ocasión de viajar el coordinador general al Perú en julio de 2003, deja a cargo de la coordinación general de Defensa Civil a Guillermo Bernardello, chofer de ambulancia con categoría 16, en abierta violación al artículo 13” del escalafón municipal. “hecho que se había producido con anterioridad en que también el coordinador general había viajado a Perú en uso de licencia” (ver facsímil).

CURSOS Y CURSILLOS

Otra de las presuntas irregularidades producidas en Defensa Civil está vinculada al dictado de cursos de capacitación que se habrían cobrado en forma particular pero con certificación y elementos municipales. El punto E del escrito presentado a la Justicia a mediados de junio, que se extiende a lo largo de casi 12 carillas, señala que en agosto de 2003 se dictó un curso en el Círculo Médico “donde se utilizaron elementos de la Municipalidad e incluso personal de la dependencia, cuando el curso fue cobrado por quienes dictaron el mismo en forma particular”. Además, agrega que “el empleado municipal que se afectó a dicha tarea, Luis Obregón, se le retribuyó con horas compensatorias”.

Pero ese no sería el único curso controvertido. Caballero también pidió a la Justicia que investigue uno dictado también en agosto de 2003 en Victoria sobre primeros auxilios, destinado a personal sanitario y bomberos de la localidad entrerriana. Esa capacitación, sostiene la denuncia penal, fue “dictada por Escajadillo y Moyano en forma privada, no por la Municipalidad de Rosario, ya que no dicta ese tipo de cursos”. Y agrega: “Pero en el supuesto que así fuese, sólo podría cobrarlo la Municipalidad a través de un recibo oficial. Pese a ello se extendieron certificados oficiales emitidos por Defensa Civil”.

Las fotocopias de los certificados fueron anexadas a la demanda, al igual que el recibo por honorarios a nombre de Moyano. “Este curso fue cobrado en forma particular por Moyano a través del recibo C-Nº 175, hecho respecto del cual indudablemente poseía conocimiento y lo consintió el señor Escajadillo”, explicó Caballero, puesto que los certificados llevan su firma.

El empleado de Defensa Civil pide también que se investigue la presunta comisión del delito de usurpación de cargos y funciones, habida cuenta de que en los certificados Moyano aparece como coordinador del Área Capacitación del organismo, “de lo cual no existe acto administrativo alguno que lo legitime como tal”. En la página de internet del municipio Antonio Andrés Moyano figura como agente de Defensa Civil con un salario neto de 1.054 pesos (probablemente desactualizado) y el casillero correspondiente a la “función” que cumple se encuentra en blanco.

CUARENTA POR CIENTO

Un último curso también cuestionado en la demanda es el dictado el 19 de mayo de 2005 en el Instituto Superior de Tecnología Médica (ISTM), de avenida Francia al 300. El mismo, señala Caballero, fue dictado por instructores del Área Capacitación de Defensa Civil con la colaboración de personal de la delegación local de la Cruz Roja. La denuncia dice que asistieron 126 personas, que abonaron 10 pesos per cápita y se extendió certificado. Caballero se enteró del carácter oneroso por medio de Gabriel Rodríguez, quien es instructor de Defensa Civil y a la vez tomó el curso como estudiante del ISTM. “En esa oportunidad Rodríguez me comentó que se sentía molesto porque sus compañeros de carrera le recriminaban el costo del curso, dado que los alumnos consideraban que debía ser sin cargo, ya que lo dictaba la Municipalidad”, cuenta el denunciante.

“En conversaciones posteriores”, continúa la presentación judicial, “Moyano reconoció ante el resto de los instructores (en los que me incluyo) que había solicitado al ISTM primero el 20 por ciento pero luego elevó al 40 por ciento de lo recaudado, a fin de «darle algo a los chicos de Cruz Roja que colaboraban con nosotros y que compraría luego un televisor para capacitación con el resto del dinero», hecho que nunca ocurrió”.

La denuncia también hace referencia “a un incremento notorio de aproximadamente el 100 por ciento en las llamadas telefónicas a otras provincias desde Defensa Civil”, realizadas entre setiembre y diciembre de 2000, por lo que Caballero pide al juez que solicite pruebas a la empresa Telecom. Antes de arribar con su denuncia a la Justicia, Caballero recurrió a la vía administrativa. Así se inició en 2004 el expediente Nº 34153-C-04 que tramita ante la Dirección de Investigaciones Administrativas que, de acuerdo a los dichos del agente, tras dos años aún no llegó a una conclusión y permanece en trámite.

El denunciante señaló que se utilizaron en forma particular recursos municipales.

La presentación judicial que solicita investigar el accionar del coordinador de Defensa Civil Marcos Escajadillo y el titular del Área Capacitación de esa dependencia, Antonio Moyano, también apunta al presunto uso de la estructura y los recursos municipales en provecho propio. Así lo describe el empleado de esa dependencia, Eduardo Caballero, en su escrito judicial presentado en la fiscalía Nº 6: “El 10 de marzo de 2004, siendo aproximadamente las 10.30, ingresa al Centro Operativo de Emergencias, avenida Francia 1960, un flete cuyo chofer me pregunta por el señor Moyano, de parte de un familiar, y que viene a retirar para llevar a Arroyo Seco unas chapas de zinc, que se encontraban en esa dependencia como consecuencia de haberse desmontado un galpón de la misma, siendo unas diez las chapas en cuestión”.

Las mismas, según continúa diciendo la denuncia realizada ante la Justicia, “fueron cargadas en el vehículo del mencionado por el operario Ruiz, a quien solicito se cite como testigo”.

Y agrega: “En tal sentido solicito se investigue si al respecto se ha cometido alguna falta administrativo o delito penal contra la administración pública”.

Otro hecho que Caballero le pide a la Justicia que se investigue es el producido, según la denuncia, el 28 de junio de 2004, cuando el vehículo particular de Escajadillo, un “Wolkvagen Golf chapa patente BAL-038, a primera hora estaba frente al taller de la COE y en horas del mediodía fue ingresado para realizarle trabajos de mecánica, indicando que siendo las 18.30 de ese día, al regresar de dictar un curso en la Fundación Luxemburgo, pude observar que se le estaba desmontando la rueda trasera derecha para realizar trabajos, utilizando con total impunidad los materiales y mano de obra del personal municipal en beneficio del propietario de dicho vehículo”. Al respecto, dice el denunciante, “puedo aportar fotos que poseo”.