La delgada línea entre desaparición simple y forzada

La investigación por la desaparición de Santiago Maldonado ha reflotado en los análisis periodísticos antiguos casos de violencia institucional en democracia. Nombres como Luciano Arruga, Franco Casco y Julio López se pueden leer y escuchar indefinidamente en comentarios y repercusiones mediáticas, multiplicados por el efecto de las redes sociales. Se habla de desaparición forzada, de operación política, de inflación mediática…Mientras tanto, la de Santiago Maldonado no es la única ausencia en la que las fuerzas armadas o algunos de sus integrantes podrían haber tenido injerencia. Algunas causas están cerradas; otras, no tanto.

Luciano Arruga
Tenía 16 años. Su muerte es un caso testigo de desaparición forzada en el país, que trascendió las fronteras de la justicia nacional y llegó a la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH).
Testigos aseguraron que habían visto cómo era golpeado y subido por la fuerza a un patrullero, la noche de su desaparición, el 31 de enero de 2009. Una vez detenido, otro testigo confirmó que había sido golpeado nuevamente.
Aunque diversas pericias ratificaban su detención en la Cría. 8º de Lomas del Mirador, así como las irregularidades en las actas policiales de esa jornada, la fiscal fue recusada y las nuevas autoridades desestimaron los testimonios y los peritajes, consideraron que no ameritaba la intervención de la justicia federal, pincharon los teléfonos de la familia –asegurando que los allegados conocían el paradero de Luciano- y archivaron la causa.
El 15 de octubre de 2014, el estado ofreció recompensa por su paradero y, dos días después, su cuerpo fue hallado como NN en el cementerio de La Chacarita. Luciano había llegado ahí derivado desde el hospital Santojanni, donde había ingresado tras ser atropellado por un automovilista que fue sobreseído. Por su homicidio, El Tte. Primero Diego Torales fue condenado a diez años de prisión en 2015, aunque la sentencia fue apelada y siempre se sospechó que hubo otros policías y funcionarios involucrados, así como que el accidente no fue accidental, sino una medida para ocultar las torturas a las que Luciano fue sometido durante su detención.
Su familia sostiene que los policías habían intentado que el adolescente acceda a participar en robos tras los cuales debía entregarles el botín y Luciano se había negado sistemáticamente.

Franco Casco
El 31 de octubre de 2014, Franco Casco, de veinte años, salió de la casa de unos familiares en Rosario hacia la estación de tren, con destino a su domicilio en Florencio Varela. Fue detenido en el marco de una supuesta denuncia realizada por un vecino apodado “Crespo” y trasladado a la Seccional Séptima de Rosario. Según consta en las actas, allí lo revisó una médica y fue liberado esa misma noche, aunque los efectivos manifestaron que estaba como “perdido” y no tenía documentos ni pertenencias.
En otra comisaría de Rosario, a sus familiares les informaron que no les tomarían la denuncia por su desaparición hasta pasadas las 48 horas. Además, otros ciudadanos –hoy investigados- ratificaron haberlo visto con vida deambulando por la ciudad.
Pero no era verdad. Nadie lo volvió a ver, al menos hasta que su cuerpo apareció el 30 de octubre de 2014 flotando en el Paraná. Lo reconocieron por un tatuaje y las tres autopsias que le realizaron determinaron que no murió ahogado sino a causa de las múltiples torturas que había recibido.
Hay 32 policías de distinto rango detenidos en el marco de la investigación por su homicidios.

José Luis Cabezas
Su asesinato es el bastión de la lucha por la libertad de prensa en nuestro país.
Cabezas había sido secuestrado y fue hallado muerto y calcinado en General Madariaga dentro de un Ford Fiesta, maniatado y con dos orificios de bala en el cráneo. En teoría, lo habían matado por perseguir y fotografiar al empresario Alfredo Yabrán, investigado por fraude.
El entonces gobernador de Buenos Aires, Eduardo Duhalde, calificó su muerte como un mensaje mafioso hacia su gestión, cuando afirmó “me tiraron un cadáver”. Se refería a que el Presidente en ejercicio, Carlos Menem, posiblemente estuviera involucrado en los negociados investigados.
Los policías Sergio Camaratta, Aníbal Luna y Gustavo Prellezo fueron condenados por participar de su homicidio, junto con integrantes de una banda delictiva y personal de la seguridad privada de Yabrán.
El ex Comisario Prellezo –condenado como autor de los dos disparos- fue beneficiado con una polémica libertad condicional y, en prisión, obtuvo un título de Abogado, aunque el Colegio de Abogados de Quilmes se negó a otorgarle matrícula. Camaratta, condenado por seguir al reportero y liberar la zona para concretar el crimen, falleció cumpliendo condena en el penal de Dolores. En tanto, Luna, también condenado a prisión perpetua por la liberación de la zona donde se perpetró el homicidio, protagoniza por estos días un curioso culebrón: no cumple con su polémico régimen de salidas transitorias y, en cambio, se pasea impunemente por Madariaga, generando el rechazo de vecinos, periodistas y autoridades locales.

Walter Bulacio
Walter David Bulacio (14 de noviembre de 1973–Buenos Aires, Argentina, 21 de abril de 1991)1 fue un joven argentino cuyo asesinato a manos de agentes de la Policía Federal Argentina se convirtió en un caso emblemático de brutalidad policial, llegando a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Walter Bulacio tenía 17 años. Se dirigía a un recital de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota en el estado de Obras Sanitarias. Fue detenido por averiguación de antecedentes, en el marco de una razzia dispuesta por el jefe de la Seccional 35º, Miguel Espósito.
Haciendo caso omiso de la ley de detención de menores, Walter fue retenido toda la noche en la comisaría y, por la mañana, llegó al hospital Pirovano con traumatismo de cráneo y golpes en el torso y las extremidades. Con sus últimas fuerzas, acusó a los policías de haberlo golpeado. Falleció cinco días después.
En noviembre de 2013 Espósito fue condenado a tres años de prisión “en suspenso”, sin aplicación efectiva. El parentesco de su abogado defensor con la Ministro de la Corte Suprema Carmen Argibay habría influido en el beneficio. Sin embargo, a partir de la muerte de Bulacio, el estado tuvo que acceder a acordar con la CIDH una modificación sustancial en el protocolo de detención de menores.

Norma Penjerek
La tarde del 29 de mayo de 1962, Norma Penjerek, una tímida adolescente de 16 años, salió de su clase de inglés particular en dirección a su casa, a una 20 cuadras de allí. Jamás llegó.
Sobre su desaparición, la prensa anunció que había aparecido muerta, que había sido llevada a Israel para evitar una venganza nazi contra su padre -quien habría participado en la investigación de delató el paradero de Adolf Eichman en nuestro país- , que había sido raptada por una red de trata; sin embargo, todas las hipótesis presentaron flaquezas y la investigación se cerró.
Al día de hoy: sus familiares cercanos murieron y nunca se conoció el destino de Norma.

Julio López
El 18 de septiembre de 2006, el albañil jubilado de 76 años salió por la mañana de su casa rumbo a los Tribunales de La Plata, a escuchar los alegatos del juicio por delitos de lesa humanidad contra el ex policía Miguel Etchcolatz, donde pocos días antes había declarado como testigo y querellante en la causa. Su sobrino debía pasar a buscarlo, sin embargo, López no lo esperó y salió antes de lo previsto.
La policía bonaerense caratuló su búsqueda como desaparición simple hasta que la justicia federal tomó el caso y lo recaratuló como desaparición forzada, 18 meses después.
La investigación judicial no ha llegado a ninguna conclusión sobre el destino de López, aunque organismos de derechos humanos y la propia familia admiten que podría haber muerto a manos de la bonaerense, donde Etchecolatz mantenía fuertes vínculos.
En septiembre de 2006, el oficial fue sentenciado a prisión perpetua, siendo el primer condenado por “delitos de lesa humanidad cometidos en el marco de un genocidio”. Durante 2017, Etchecolatz fue varias veces titular de tapa en los periódicos nacionales: en abril, obtuvo una polémica prisión domiciliaria; el 22 de agosto fue exonerado de la policía bonaerense y, una semana después, sufrió un accidente cerebrovascular en prisión y, al día de hoy, se encuentra internado. De Julio López…nada se sabe.