LA DENUNCIA DE BUSTI ANTE LA CORTE CUMPLIÓ OTRO TRÁMITE Y AVANZA
El expediente que el viernes llegó a la Corte Suprema con la denuncia del gobernador Busti contra las firmas que planean instalar dos plantas papeleras en las costas uruguayas de Fray Bentos sigue cumpliendo su recorrido por los pasillos judiciales. Esta mañana, el máximo tribunal se lo pasó al procurador Esteban Righi para que dé su opinión sobre el caso.
Righi debe dictaminar si a la Corte le cabe intervenir en el conflicto suscitado entre las firmas Botnia (finlandesa) y Ence (española) y el gobierno de Entre Ríos por supuesta “contaminación ambiental en grado de tentativa”.
La denuncia pasó por la secretaría penal de Esteban Canevari y el mismo día, se decidió remitir el expediente a la Procuración General, medida que se concretó esta mañana.
Las fuentes consultadas indicaron que la opinión de la Procuración “no es vinculante”, aunque recordaron que se trata de un paso previo imprescindible para que la Corte se pueda expedir en materia de competencia”.
Allegados a la Corte reconocieron que escasean antecedentes, pues rige el principio de la competencia de los tribunales del lugar del hecho, aunque la justicia nacional “podría intervenir” por aplicación del artículo 1 del Código Penal.
La norma establece la jurisdicción sobre delitos “cuyos efectos deban producirse en el territorio de la Nación Argentina”.
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