LA DEUDA JUDICIAL Y POLÍTICA DE LA PROVINCIA

A dos años de las trágicas jornadas que dejaron en Rosario siete muertos y decenas de heridos, la respuesta de la Justicia sobre las responsabilidades materiales y políticas de la represión es parcial e insuficiente. Salvo las causas de Claudio Lepratti, con un agente detenido y la etapa probatoria clausurada hace tres semanas, y la de Walter Campos, ultimado por un francotirador de las TOE que fue sobreseído (medida que revisará la Corte Suprema), el resto de los sumarios carece de imputados, porque nunca se tomaron indagatorias o porque, vencidos los plazos, correspondían los sobreseimientos. En ese contexto, destaca la pesquisa por la muerte de Graciela Acosta, que esta semana llevó a tres policías al banquillo de los acusados, entre ellos el jefe de la seccional 29ª, Julio Abraham, quien compareció ayer. Y a diferencia de la mayoría de los policías sospechados, que habían optado por el silencio, el comisario declaró para negar vinculaciones con el homicidio.

También ayer hubo novedades en la causa de las responsabilidades políticas, que instruyó el juez de Santa Fe Roberto Reyes y donde resultaron con rápida falta de mérito el ex ministro de Gobierno, Lorenzo Domínguez, y el ex subsecretario de Seguridad, Enrique Álvarez. Familiares de tres víctimas fatales se constituyeron como actores civiles, lo que les permitirá intervenir en el proceso para aportar pruebas. Por lo pronto, recusaron al magistrado porque entienden que adoptó un pronunciamiento sin haber investigado lo suficiente. Esto podría cambiar la radicación del expediente, caratulado incumplimiento de los deberes de funcionario público, llevándolo a otro juzgado.

Los homicidios

La única causa que avanzó en los últimos meses fue la de Acosta, militante del Partido Comunista de 35 años. Fue abatida el 19 de diciembre en Villa Gobernador Gálvez, a dos cuadras de un supermercado al que se dirigía para buscar a uno de sus siete hijos.
Después de casi dos años, el juez de instrucción Osvaldo Barbero ordenó el decomiso de 59 armas de personal de la comisaría 29ª y del Comando Radioeléctrico. Un peritaje balístico de Gendarmería Nacional las cotejó con el proyectil que atravesó el cuerpo de la víctima, y que una compañera había logrado rescatar por azar. Así Barbero llegó hasta el dueño de la pistola nueve milímetros, Luis Quiroz, de la 29ª, a quien imputó la responsabilidad material del crimen. Pero también detuvo a sus superiores, los comisarios Ignacio Siffredi (inspector de zona) y Julio Abraham, que estuvieron en la calle al frente del operativo.

Los dos primeros comparecieron el lunes, pero sólo para abstenerse, en tanto Abraham, por problemas de salud, recién concurrió al Palacio de Justicia ayer. A diferencia de la estrategia de sus colegas sospechados, con excepción del francotirador de las TOE que mató a Campos, eligió hacer su descargo por más de dos horas. El resultado fueron ocho páginas en las que detalla cada uno de sus pasos aquella trágica jornada.

Fuentes judiciales contaron que el jefe, hasta la semana pasada todavía en la 29ª, reconoció que Quiroz estaba donde cayó Acosta a pesar de que antes había afirmado lo contrario. Es decir, cuando a poco del trágico episodio elevó a solicitud del juzgado un informe del personal presente en el procedimiento, listado en el que Quiroz no figuraba, siempre según la versión del vocero judicial. El declarante también aseguró que no se encontraba en el sitio exacto en el que fue baleada la mujer, por lo que se enteró de lo ocurrido más tarde.

Concretamente, a Siffredi y Abraham se les imputa “haber determinado al inferior a causar la muerte dentro del esquema orden-obediencia”, en otras palabras la autoría intelectual. La fuente reveló la hipótesis del juez: que hubo orden explícita o implícita de matar para evitar robos a comercios, táctica diametralmente opuesta a la aplicada en 1989. De hecho, un testigo habría escuchado semejante cosa: “Bajemos uno para que no saqueen”. En el juzgado vinculan a los funcionarios con el homicidio con el argumento de que tenían control de la situación y de sus subordinados. Y conjeturan que también los perjudica su comportamiento posterior, es decir no tomar ninguna medida tras la agresión, lo que podría interpretarse como un aval. Respecto del singular concepto de “orden implícita” se refiere, explicaron en Tribunales, a que la conducta esté predeterminada aún cuando no se la hubiera verbalizado.
Tomadas ya las declaraciones, Barbero ordenará una batería de medidas en los próximos días, desde ampliación de testimoniales a reconocimientos en rueda de personas. Un dato significativo de este caso, que coincide con el de Lepratti, es “la tendencia a modificar pruebas”, confió la fuente. Por eso, si no se sostiene la imputación de homicidio a Siffredi y Abraham, por falta de elementos de prueba, es posible que la calificación mute a encubrimiento o falsedad ideológica de documentos públicos (actas policiales o libros de guardia de la seccional). En ese sentido, personal de la sub20ª, de Las Flores, se encuentra muy comprometido en una causa conexa que el juez abrió por irregularidades tras la muerte de Lepratti, al que los policías llegaron a imputar de resistencia a la autoridad casi al mismo tiempo que estaba muriendo. Es inminente la resolución de ese sumario, en el que están imputados varios uniformados, entre ellos los entonces jefe y subjefe de la dependencia.
El expediente principal, por el crimen de Pocho, está a cargo del juez de sentencia Ernesto Genesio. El 28 de noviembre concluyó la etapa probatoria, por lo que ahora las partes deben elevar sus conclusiones. Se estima que el juicio terminará a mediados de 2004. Por lo pronto, la fiscal Élida Rivoira recibió ayer el sumario y se descuenta que pedirá la prórroga por un año de la prisión preventiva de Esteban Velásquez, detenido el 26 de diciembre de 2001. Este agente del Comando de Arroyo Seco disparó contra Lepratti cuando el joven gritaba desde la terraza de la escuela donde trabajaba que no tiraran porque en el establecimiento había chicos. La situación de Velásquez es muy comprometida, adelantaron en el juzgado.

Las otras causas por homicidio carecen de imputados. Las de Yanina García, Rubén Pereyra y Juan Delgado sí registraron varios uniformados sospechosos, que en julio fueron sobreseídos por falta de pruebas y vencimiento de plazos. En cambio, la de Ricardo Villalba, directamente nunca tuvo probables autores. En el juzgado dijeron que aún confían en ubicar al efectivo que le disparó, y que hay medidas en marcha en ese sentido.