LA DIPUTADA ALICIA TATE LE ENVIÓ UNA MISIVA A REUTEMANN.

Señor
Gobernador de la Provincia
Dn. Carlos Alberto Reutemann
S / D

De mi mayor consideración:
La grave situación que afecta a la población santafesina que se ubica en la cuenca del Río Salado; y los afectados por fenómenos hídricos en la cuenca de las lagunas La Picasa y Melincué han generado en la provincia la necesidad de cambios sustanciales en las prioridades y políticas, y ha determinado la necesidad de un creciente endeudamiento para la reconstrucción y reactivación que comprometerá la economía provincial por varios años.
En el caso particular de lo ocurrido en la cuenca del Río Salado, como lo expresara Usted reiteradamente, no se cuenta con información suficiente que permita obtener conclusiones válidas y con valor suficiente para ser proyectadas, por carencia de series continuas de evaluaciones de su comportamiento que no registran fenómenos como los actuales.
Resulta evidente que los flujos volcados por el Río Salado en la cuenca del Río Paraná en caso de fenómenos atípicos, producen alteraciones en los comportamientos del Río Paraná en su cuenca media, que resultarian impredecibles en caso de que se produzcan simultáneamente crecientes en ambas cuencas.
Las condiciones imprescindibles para la realización de un estudio de prefactibilidad ó factibilidad, y para que sus conclusiones resulten útiles y válidas para la adopción de decisiones acertadas, es que se cuente con información básica suficientemente confiable para elaborar estas conclusiones.
Está claro que en materia hídrica esta información no está disponible para el tramo de la cuenca de los ríos Paraná y Salado, y las obras destruídas son el mejor ejemplo de lo que ocurre cuando se ejecuta sin información confiable.
En este contexto, y en el marco de las extremas necesidades de los afectados, de la producción y de la provincia toda, que se pretenda afectar U$S1.000.000 para realizar un estudio de factibilidad para determinar el lugar de una futura ampliación del puerto de la ciudad de Santa Fe, sabiendo de antemano que sus conclusiones no podrán ser confiables por lo antes expuesto, carece de toda lógica, y se aproxima a la tipificación de una malversación de fondos.
El hecho resultará aún más grave si sobre la base de las conclusiones erróneas obtenidas de estos estudios se contraen nuevas deudas por U$S25.000.000, y se completan inversiones hasta U$S40.000.000 con fondos provinciales.
En la Legislatura de la Provincia no hemos contado con información sería sobre las razones que han llevado al Puerto de Santa Fe a su virtual desaparición operativa, en caída libre desde 1990 hasta el presente, ni tampoco cuales son los fundamentos económicos y la base de las proyecciones sobre las que se sustenta el optimismo de los funcionarios e interesados privados en la nueva ubicación.
Una solo cosa queda clara, y es la intención privada en apropiarse de los terrenos del actual puerto con fines comerciales privados; y de explotar privadamente el nuevo puerto en oportunidad en que se concrete. Todas estas consideraciones y aspiraciones comerciales omiten aspectos sustanciales y es que las propiedades nacionales fueron transferidas a la provincia con cargos específicos vinculados a la actividad portuaria, que la provincia no es propietario de los inmuebles, y que las políticas nacionales de transferencia podrán ser revisadas a corto plazo ante el cambio de autoridades nacionales.
Las cosas son de este modo, y cabe preguntarse: ¿Cuál es el fundamento para que el Estado Provincial pague un estudio de factibilidad para una posterior explotación privada? ¿Cuál fueron las razones por la que la concesionaria privada no realizó a su cargo estos estudios planteados claramente en el pliego de licitación del que resultó adjudicataria? No me corresponde dar la respuesta.
Estas consideraciones básicas, y muchas otras que podrían agregarse si resultaran de su interés, me inducen a solicitarle una revisión del proyecto de ley aprobado en el 22 de mayo de 2003 en el Senado de la Provincia analizando la posibilidad de veto, y la alternativa de reorientar la gestión de crédito tramitada ante el Fonplata para realizar los estudios necesarios para realizar las obras de defensa que garanticen la seguridad de la región y al mismo tiempo posibiliten la obtención de información sobre el comportamiento de los ríos del área aludida.
En la convicción que el endeudamiento que se pretende no contiene cuestión de interés alguno para la comunidad, y para evitar que en el futuro se vea obligado nuevamente a referirse a la falta de aviso oportuno para evitar decisiones equivocadas, es que me permito las reflexiones incorporadas a la presente.
Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para saludarlo a Usted atentamente.

Alicia Esther Tate.
Dip. Prov. U.C.R